La iniciativa será consultada en más de 17 mil comunidades del país y busca ampliar derechos de representación, territorio, autonomía y patrimonio cultural.
La propuesta de una nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos avanzó este fin de semana con la participación de representantes de distintas entidades del país, quienes analizaron el proyecto que será sometido a consulta en más de 17 mil comunidades.
Durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), realizada en la Ciudad de México, consejeras y consejeros provenientes de diversos pueblos originarios revisaron el contenido de la iniciativa elaborada por un comité técnico especializado.
Uno de los principales acuerdos fue impulsar un proceso de consulta previa, libre e informada a nivel nacional mediante 80 asambleas regionales, con el propósito de recoger opiniones y propuestas de las comunidades antes de que el proyecto continúe su ruta legislativa.
La propuesta contempla el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, además de fortalecer aspectos relacionados con la libre determinación, autonomía, representación política, acceso al territorio, recursos naturales y protección del patrimonio cultural.
También incorpora disposiciones enfocadas en educación intercultural, acceso a la salud y mecanismos de protección para mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas indígenas en situación de movilidad.
En las mesas de trabajo participaron más de 180 representantes de comunidades indígenas y afromexicanas de distintas regiones del país, así como autoridades federales, legisladores y especialistas en derechos humanos.
Representantes de Morelos tomaron parte en las discusiones a través del Instituto de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Morelos (IPIAM), organismo que dará seguimiento al proceso de consulta cuando éste se desarrolle en la entidad.
Entre los asistentes estuvieron funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, integrantes del Poder Legislativo, representantes de organismos internacionales y miembros del Poder Judicial, quienes coincidieron en la necesidad de actualizar el marco jurídico para fortalecer el reconocimiento y ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos originarios y afromexicanos.
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