El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) llamó a las autoridades y a la sociedad a reconocer y garantizar los derechos de las personas en situación de calle, frente a la discriminación, violencia y exclusión que enfrentan.
En el marco del Día Internacional por las Luchas de las Poblaciones Callejeras, el organismo señaló que vivir en la calle no puede entenderse únicamente como una decisión individual, pues detrás de esta situación existen factores como pobreza extrema, pérdida de redes de apoyo y exclusión de los sistemas de protección social.
Aumenta población en situación de calle
De acuerdo con el conteo y censo más reciente de la Secretaría de Bienestar Social e Igualdad Social y el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, en la Ciudad de México hay 2 mil 878 personas en situación de calle.
La cifra representa un aumento de 155 por ciento respecto de 2024, cuando se contabilizaron mil 124 personas.
Las alcaldías con mayor presencia de esta población son Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa.
El COPRED también recordó que durante el Mundial de Futbol 2026, la organización El Caracol documentó casos de hostigamiento, desalojo y desplazamiento de personas en situación de calle en zonas de Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán.
El organismo advirtió que este tipo de operativos pueden derivar en prácticas de “limpieza social”, al buscar retirar la pobreza visible de los espacios públicos mediante acciones que pueden implicar la destrucción de pertenencias, persecuciones, golpes o humillaciones.
No son sólo destinatarios de asistencia
El COPRED planteó que reconocer los derechos de las poblaciones callejeras también significa reconocer su capacidad para tomar decisiones, organizarse, trabajar, estudiar, cuidar y construir redes de apoyo.
Por ello, llamó a generar espacios donde estas personas puedan expresar sus necesidades y propuestas, y donde sus opiniones sean consideradas al diseñar las políticas públicas que afectan directamente sus vidas.
Entre las medidas propuestas está capacitar a los cuerpos policiales para evitar abusos y criminalización por permanecer en el espacio público, así como facilitar el acceso a servicios de salud, seguridad social y programas de apoyo.
También pidió eliminar barreras administrativas, como exigir comprobantes de domicilio o identificaciones oficiales como condición para acceder a servicios de emergencia o programas sociales.
El Consejo sostuvo que garantizar una vida libre de violencia requiere dejar atrás la criminalización de la pobreza y reconocer a las personas en situación de calle como titulares plenos de derechos.
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