La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó durante un año a Martín Borrego Llorente, exjefe de Oficina de la entonces canciller Alicia Bárcena, por utilizar su cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para gestionar el uso del Museo Nacional de Arte (MUNAL) con el argumento de realizar un acto diplomático, aunque el espacio fue destinado a una celebración privada de su boda.
La sanción fue informada el lunes 16 de noviembre de 2026. De acuerdo con la resolución, Borrego aprovechó su posición como funcionario para obtener autorización del Salón de Recepciones del recinto cultural bajo una justificación distinta al propósito real del evento.
La celebración se realizó el 4 de octubre de 2024 y reunió a alrededor de 70 invitados, entre ellos la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y representantes diplomáticos de México y Rumania.
La solicitud para utilizar el museo se había presentado como un cóctel para conmemorar el 89 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, el encuentro terminó siendo la recepción matrimonial de Borrego y el diplomático rumano Ionut Vâlcu.
Renunció tras la polémica
El caso se hizo público en diciembre de 2024 y provocó cuestionamientos sobre el uso de instalaciones públicas para actividades personales.
En ese momento, Borrego dejó el cargo de coordinador de Contacto con la Ciudadanía de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al que había llegado después de trabajar en la Cancillería junto a Bárcena.
En una carta de renuncia reconoció que fue impropio gestionar el espacio mediante un correo institucional. También sostuvo que la celebración fue privada y que los gastos se cubrieron con recursos personales, sin afectar el erario.
Por su parte, Bárcena afirmó que no autorizó ni fue informada de la solicitud para utilizar el museo y pidió la salida de su entonces colaborador.
La inhabilitación implica que Borrego no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante un año. La resolución forma parte de un informe más amplio de sanciones administrativas dado a conocer por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
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