Grupos criminales gatillaron una nueva crisis de seguridad en Guatemala que obligó al gobierno a declarar estado de excepción por 30 días en todo el territorio, tras una ola de motines simultáneos en cárceles y ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
La mañana del sábado, internos vinculados a las estructuras criminales Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) iniciaron revuelta en al menos tres penales, entre ellos la prisión de máxima seguridad Renovación I (Escuintla), Fraijanes II y el Centro Preventivo de la Zona 18 en la capital. Los amotinados tomaron como rehenes a más de 40 custodios y exigían mejores condiciones y traslados, según autoridades.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, sostuvo que el Gobierno no negociará con pandillas ni otorgará privilegios y que los disturbios son una reacción organizada al reforzamiento del control penitenciario.
Tras la intervención policial y militar, las fuerzas de seguridad recuperaron el control de los penales, pero en respuesta las pandillas lanzaron ataques coordinados contra unidades de la PNC en Guatemala City y municipios cercanos. Estos enfrentamientos dejaron al menos siete policías asesinados y más de diez heridos, además de un presunto agresor abatido, informaron fuentes oficiales.
Ante la escalada, el presidente Bernardo Arévalo anunció el estado de excepción, que suspende ciertas garantías constitucionales y faculta a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones sin orden judicial para contener la violencia. La medida aún debe ser ratificada por el Congreso.
El Ministerio de Educación determinó la suspensión preventiva de clases a nivel nacional, mientras la población vive bajo alerta de seguridad máxima y con recomendaciones de evitar zonas de riesgo.
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