Cuando Cuauhtémoc Blanco Bravo ganó la gubernatura de Morelos en 2018, el mensaje de las urnas fue claro: las y los morelenses rechazaron a la clase política tradicional, a esa vieja clase política que durante años se repartió espacios, cargos, privilegios y cuotas de poder en el estado.
Los números no dejaron demasiado espacio para interpretaciones.
En la elección del 1 de julio de 2018, Cuauhtémoc Blanco, candidato de
la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, obtuvo poco más de 500 mil votos y alrededor del 52.5 por ciento de la votación.
Muy, muy lejos quedaron quienes representaban a las fuerzas políticas que hasta entonces habían dominado Morelos.
Víctor Manuel Caballero Solano, candidato del PAN y Movimiento Ciudadano, terminó en segundo lugar con alrededor de 133 mil votos, apenas 14 por ciento. Rodrigo Gayosso Cepeda, candidato del PRD y PSD, hijo de Elena Cepeda e hijastro del entonces gobernador perredista Graco Ramírez, cayó hasta el tercer sitio con poco más de 111 mil sufragios, alrededor del 11.7 por ciento. Y Jorge Meade Ocaranza, candidato del PRI, quedó todavía más abajo, con cerca de 58 mil votos y apenas poco más del 6 por ciento.
Es decir, Cuauhtémoc Blanco obtuvo más de cuatro veces y media los votos alcanzados por Rodrigo Gayosso, el candidato que representaba la continuidad del grupo político que gobernaba Morelos.
De aquella elección hemos dicho muchas veces que no necesariamente ganó Cuauhtémoc Blanco: perdió el PRD de Graco Ramírez.
Perdió una forma de gobernar.
Perdió una administración percibida por amplios sectores de la sociedad como elitista, soberbia, petulante, altanera, arrogante, distante e incongruente con la izquierda de la que provenía, además de terminar marcada por múltiples señalamientos y acusaciones de corrupción.
Pero no fue solamente Graco Ramírez quien llevó a su administración hasta ese escenario de derrota política.
No.
Fueron también muchas y muchos de quienes participaron de ella.
Los que estaban alrededor.
Los que, al oído, repetían: “Lo hace muy bien, gobernador”; “la hora que usted diga, gobernador”; “sí, señor gobernador”.
Los que nunca dijeron que no.
Los que avalaron, respaldaron, justificaron y defendieron decisiones tomadas desde el poder. Los que desde distintas posiciones de la administración pública contribuyeron a construir un gobierno cada vez más alejado de una parte importante de la sociedad morelense.
También quienes, desde otros espacios del poder público, acompañaron decisiones incluso cuando éstas generaban rechazo social.
Porque los gobiernos no se construyen solamente desde la oficina del gobernador.
Se construyen también desde las secretarías, subsecretarías, direcciones, organismos, ayuntamientos, curules, tribunales y partidos políticos que deciden acompañarlos.
Y muchos lo hicieron.
Desde el Congreso.
Desde los ayuntamientos.
Desde espacios de la administración pública.
Desde el Poder Judicial.
Abierta y públicamente.
Todos ellos formaron parte, en mayor o menor medida, de una estructura política que terminó pagando en las urnas el costo de haberse alejado de buena parte de la sociedad que alguna vez dijo representar.
Fue una clase política que transitó de aquella izquierda vinculada históricamente con las luchas sociales a una especie de arrogancia pragmática: la convicción de que tener el poder, controlar instituciones, acumular influencia y administrar presupuestos era suficiente para gobernar, aunque la distancia con la ciudadanía fuera cada vez mayor.
Y llegó 2018.
Las urnas cobraron la factura.
Rodrigo Gayosso no solamente perdió la elección: terminó en tercer lugar.
El partido que gobernaba Morelos fue desplazado y Cuauhtémoc Blanco, montado sobre una coalición encabezada por Morena, recibió más de la mitad de los votos emitidos para gobernador.
Por eso resulta imposible entender aquella elección únicamente como una victoria personal de Cuauhtémoc Blanco.
Fue también —y quizá sobre todo— un enorme voto de castigo contra quienes gobernaban Morelos.
Morena llegó al Gobierno de Morelos sobre esa ola de rechazo.
Lo hizo acompañado de un personaje ajeno a su estructura tradicional, pero beneficiándose del hartazgo que existía contra los partidos, los grupos y los personajes que durante años habían administrado el poder político estatal.
Y ocho años después hay algo que Morena parece correr el riesgo de olvidar:
Las y los morelenses tienen memoria.
No han desaparecido de la memoria colectiva aquellos personajes que avalaron, respaldaron, defendieron o acompañaron al gobierno de Graco Ramírez.
No desaparecieron los nombres.
No desaparecieron las fotografías.
No desaparecieron las declaraciones.
No desaparecieron los votos en el Congreso.
No desaparecieron las decisiones tomadas desde los ayuntamientos.
No desaparecieron quienes desde distintas instituciones estuvieron dispuestos a acompañar al poder mientras hacerlo resultaba políticamente conveniente.
Por eso Morena tendría que hacerse una pregunta elemental antes de abrir sus puertas de par en par:
¿Para qué ganó en 2018?
Porque si una parte fundamental de aquella victoria electoral nació del rechazo a determinada clase política, resulta profundamente contradictorio que, ocho años después, algunos de esos mismos personajes pretendan encontrar refugio precisamente bajo las siglas que se beneficiaron de su derrota.
Morena no puede convertirse en el cobijo político de quienes fueron expulsados de otros partidos por el voto ciudadano.
No debería ser la casa de reciclaje de aquellos perredistas, priistas o panistas que desde sus respectivas trincheras acompañaron, defendieron o solaparon decisiones de la administración de Graco Ramírez y que ahora, frente al debilitamiento o desaparición de sus antiguos espacios políticos, descubren súbitamente afinidades con el partido gobernante.
Porque entonces la pregunta ya no sería qué les pasó a ellos.
La pregunta sería:
¿Qué le pasa a Morena?
¿Qué ocurre con un movimiento que llegó al poder prometiendo transformar las prácticas de la vieja política si termina abriendo sus puertas a quienes encarnaron precisamente aquello que decía combatir?
¿Qué sentido tuvo entonces el voto de 2018?
Morelos mandó electoralmente al basurero de la historia a buena parte de aquella clase política.
Lo hizo con votos.
Lo hizo contundentemente.
Lo hizo dejando al candidato de continuidad del gobierno de Graco Ramírez con apenas una fracción de los sufragios obtenidos por el ganador.
Y ocho años después no pueden pretender simplemente sacudirles el polvo, cambiarles la camiseta, colocarles un chaleco guinda y presentarlos ante la sociedad como si fueran personajes nuevos.
La memoria política no debería borrarse con una afiliación.
Ni el pasado desaparecer debajo de unas nuevas siglas.
Porque reciclar a quienes la ciudadanía ya rechazó puede tener un costo.
La única pregunta es si Morena está dispuesto a pagarlo.
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