Los Tocables
Por Héctor Guerrero
México tuvo una época en que su diplomacia hablaba con una autoridad que el tamaño de su economía y su poder militar jamás habrían explicado.
La Doctrina Estrada convirtió la defensa de la soberanía y la autodeterminación en una posición reconocible; Tlatelolco hizo de México protagonista del desarme nuclear latinoamericano y el grupo Contadora colocó a nuestro país en el centro de los esfuerzos para contener los conflictos centroamericanos. Aquella diplomacia no necesitaba estridencias para hacerse respetar.
La fuerza estaba precisamente en eso: México sabía que frente a Estados Unidos no podía competir con portaaviones, presupuesto militar ni capacidad de presión económica. Su recurso era otro: la diplomacia. Negociar, construir alianzas, recurrir al derecho internacional, mantener interlocución con adversarios y amigos y, sobre todo, conseguir que la voz mexicana tuviera un peso superior al que le otorgaban sus capacidades materiales. El prestigio no era decoración; era una herramienta de política exterior.
Por eso resulta difícil no mirar con preocupación el desempeño actual de la Cancillería. Roberto Velasco puede defender legítimamente los derechos de las personas LGBTI y sostener que la igualdad forma parte del marco constitucional mexicano. Nadie discute que esos derechos formen parte de la agenda internacional. El problema diplomático aparece cuando, frente a una relación bilateral sometida a una presión extraordinaria, la Cancillería parece más interesada en explicar sus batallas culturales que en demostrar que México conserva capacidad estratégica.
Velasco participó esta semana en la reunión del Grupo Núcleo LGBTI de Naciones Unidas, que México copreside con Noruega, y posteriormente respondió a sus críticos llamándolos “retrógrados”. La discusión adquirió una dimensión política cuando Enrique Krauze cuestionó que esa fuera la prioridad de la representación mexicana en Nueva York. La respuesta del canciller fue defender la diversidad como parte de los valores democráticos. Jurídicamente puede sostenerse. Diplomáticamente, la pregunta pertinente es otra: ¿era éste el frente que México necesitaba convertir en protagonista?
Porque mientras la Cancillería discutía esa controversia, Donald Trump ocupaba la tribuna principal de Naciones Unidas para colocar a México frente al reflector más incómodo. El presidente estadounidense calificó a nuestro país como el “epicentro” de la violencia de los cárteles y afirmó que México debe recuperar el control de su territorio. En la misma intervención sostuvo que mantiene una buena relación con Claudia Sheinbaum y reconoció avances en la cooperación bilateral. La contradicción es evidente, pero también lo es su utilidad política.
Trump juega con dos cartas simultáneas: reconoce la cooperación cuando le resulta conveniente y eleva la presión cuando necesita mostrar fuerza frente a su electorado. Esa ambivalencia no debería sorprender a nadie. Lo preocupante sería que México respondiera a ella con improvisación. Una diplomacia profesional tendría que convertir cada señal contradictoria de Washington en una oportunidad de negociación, fijar límites, exigir reciprocidad y colocar sobre la mesa los asuntos que también incomodan al vecino: consumo de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero y demanda estadounidense.
La presidenta Sheinbaum ha insistido precisamente en esa responsabilidad compartida. Frente a los señalamientos estadounidenses ha recordado que México enfrenta también el problema de las armas que cruzan desde Estados Unidos y el consumo de drogas en aquel país. En septiembre incluso respondió a las afirmaciones estadounidenses sobre los cárteles señalando los resultados mexicanos en homicidios, detenciones y decomisos. La posición tiene una lógica elemental: si el problema es transnacional, la responsabilidad también debe serlo.
Pero la diplomacia no puede reducirse a tener razón en una conferencia de prensa.
Ese es el punto que parece haberse perdido. México puede argumentar que Estados Unidos consume las drogas que producen los cárteles mexicanos, que sus armas alimentan la violencia al sur de la frontera y que el lavado de dinero ocurre también en su sistema financiero. Todo eso puede formar parte de una negociación seria. Pero si Washington consigue imponer unilateralmente que la conversación internacional gire alrededor de los cárteles mexicanos, México ya comenzó la negociación desde una posición defensiva.
La vieja diplomacia mexicana entendía algo que parece olvidado: una negociación internacional se pierde mucho antes de sentarse a negociar cuando el adversario consigue imponer el lenguaje de la discusión. Durante décadas México construyó conceptos que otros países terminaron utilizando: soberanía, autodeterminación, no intervención, solución pacífica de controversias. Hoy Washington habla de “cárteles”, “terrorismo”, “control territorial” y eventualmente intervención, mientras México dedica una parte considerable de su energía a explicar que la cooperación existe.
Y cooperación sí existe. La propia relación bilateral ha entrado en una etapa de intensas conversaciones sobre seguridad, comercio y migración. Sheinbaum y Trump mantienen comunicación directa y en septiembre ambos gobiernos trabajaban para alcanzar acuerdos comerciales antes de las elecciones intermedias estadounidenses del 3 de noviembre. Reuters reportó que México busca defender sus intereses comerciales y reducir aranceles sobre sectores estratégicos mientras mantiene la negociación bajo el principio de soberanía.
El problema es que la cooperación no elimina la presión. La vuelve más sofisticada.
Trump puede elogiar a Sheinbaum por la mañana y cuestionar la capacidad del Estado mexicano por la tarde. Puede hablar de una “muy buena relación” y, en la misma tribuna internacional, sostener que es inaceptable compartir frontera con territorios bajo influencia criminal. Esa es su manera de negociar. No corresponde juzgarla como buena o mala; corresponde entenderla. Y frente a ella México necesita una Cancillería capaz de anticiparse, no una oficina dedicada a contestar el último mensaje publicado en redes sociales.
También conviene mirar el calendario. Estados Unidos celebrará sus elecciones legislativas de medio mandato el 3 de noviembre y México se aproxima a un nuevo ciclo electoral. En ese contexto, la seguridad fronteriza, los cárteles, la migración y el tráfico de drogas son asuntos de enorme rentabilidad política. Un análisis reciente de El País documenta cómo las acusaciones de “narcopolítica” han comenzado a incorporarse al ambiente electoral de ambos países. México debe evitar convertirse en argumento de campaña de Washington y, al mismo tiempo, evitar que su propia política interna convierta la relación bilateral en espectáculo.
Sobre los supuestos expedientes estadounidenses contra políticos mexicanos conviene tener cuidado. Una cosa es que Washington posea información de inteligencia sobre redes criminales, investigaciones financieras o posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones delictivas; otra, muy distinta, es afirmar que existen expedientes secretos preparados para ser utilizados electoralmente. Eso último requiere pruebas. Lo que sí está documentado es el aumento de la presión estadounidense sobre México en materia de seguridad y las acusaciones públicas relacionadas con funcionarios y organizaciones criminales.
Y precisamente por eso México debería hacer algo elemental: investigar sus propios expedientes.
Si un funcionario mexicano tiene vínculos con organizaciones criminales, corresponde a las instituciones mexicanas investigarlo, procesarlo y, cuando existan pruebas, castigarlo. Si las acusaciones estadounidenses son falsas o políticamente interesadas, México debería demostrarlo con información, expedientes judiciales, resultados y transparencia. El patriotismo diplomático no consiste en negar todo lo que proviene de Washington. Consiste en tener instituciones suficientemente fuertes para saber qué aceptar, qué rechazar y qué demostrar.
Ahí aparece la verdadera crisis de la diplomacia mexicana.
No está en defender los derechos de una minoría. Tampoco en participar en organismos internacionales dedicados a combatir la discriminación. México tiene una tradición de defensa de derechos humanos y puede sostenerla. El problema aparece cuando la agenda internacional se fragmenta en gestos simbólicos mientras los asuntos centrales de la relación con Estados Unidos —seguridad, comercio, migración, armas, fentanilo, inteligencia y soberanía— demandan una estrategia mucho más sofisticada.
La diplomacia mexicana alguna vez consiguió algo extraordinario: hacer que un país sin poderío militar comparable al de las grandes potencias tuviera una voz escuchada en el mundo. Lo consiguió con profesionales que conocían la historia, dominaban el lenguaje jurídico, entendían los intereses de otros gobiernos y sabían cuándo hablar y cuándo guardar silencio.
El prestigio se construyó con décadas de consistencia. Hoy parece administrarse con declaraciones para las redes sociales.
El contraste resulta brutal. Mientras Trump utiliza la Asamblea General para colocar a México bajo presión internacional por la violencia de los cárteles, el canciller termina protagonizando una discusión pública sobre si su participación en un grupo LGBTI representa o no una prioridad diplomática. Puede defender su agenda. Puede defender sus principios. Lo que cuesta más encontrar es una demostración equivalente de que México está recuperando la iniciativa frente a Washington.
México necesita volver a negociar desde sus propios intereses. Eso significa exigir a Estados Unidos resultados contra el tráfico de armas, perseguir el lavado de dinero, defender el comercio, proteger a los migrantes y combatir al crimen organizado dentro de su propio territorio. Significa también aceptar que la seguridad mexicana tiene una dimensión interna que ninguna consigna de soberanía puede esconder. Cooperar con Washington no significa subordinarse; negarse a cooperar tampoco significa defender la soberanía.
La vieja diplomacia mexicana no era poderosa porque México fuera poderoso. Era poderosa porque sabía dónde estaba parado. Sabía qué principios defender, qué intereses negociar y qué líneas no cruzar. Esa combinación produjo nombres como Genaro Estrada y episodios como Tlatelolco y Contadora. Hoy el desafío consiste en recuperar aquella inteligencia estratégica sin convertirla en museo ni en nostalgia.
Porque una Cancillería no se mide por la cantidad de declaraciones que produce, ni por cuántas polémicas consigue en redes sociales. Se mide por la capacidad de proteger los intereses del país cuando el vecino es más grande, más rico y más poderoso. Y frente al Estados Unidos de Trump, México necesita precisamente eso: menos reacción, y más acción.
Tiempo al tiempo.
@hecguerrero
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