La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI midió por primera vez el desplazamiento forzado interno: 510 mil hogares registraron al menos un integrante que tuvo que cambiar de residencia por inseguridad o violencia entre 2020 y 2025.
La violencia y la inseguridad no sólo se reflejan en delitos, denuncias o estadísticas de homicidios. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, alrededor de 510 mil hogares en México registraron que al menos uno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia debido a la inseguridad delictiva o la violencia.
El dato forma parte de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que incorporó por primera vez una pregunta específica sobre desplazamiento forzado interno. El organismo levantó información en más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas.
En los hogares afectados por violencia o inseguridad vivían alrededor de 1.6 millones de personas. La cifra no significa que todas ellas hayan sido desplazadas, sino que pertenecían a hogares donde al menos una persona tuvo que cambiar su lugar de residencia por esas causas.
Morelos, entre los estados con mayor proporción
Aunque el Estado de México concentró el mayor número de hogares afectados, con alrededor de 67 mil 400, seguido por la Ciudad de México, con unos 41 mil, y Jalisco, con aproximadamente 34 mil, el panorama cambia cuando se considera el porcentaje respecto al total de hogares de cada entidad.
En ese indicador, Zacatecas ocupó el primer lugar, con 2.2%, mientras que Morelos registró 2.1%.
Esto significa que, en Morelos, aproximadamente 2 de cada 100 hogares registraron al menos un integrante que tuvo que cambiar de residencia por inseguridad delictiva o violencia. La proporción coloca a la entidad entre las que presentan mayor incidencia de este fenómeno.
También aparecen con porcentajes elevados Colima y Querétaro, con alrededor de 2%, mientras que Baja California Sur registró 1.9%.
El desplazamiento no sigue necesariamente al homicidio
Los resultados muestran que la dimensión del desplazamiento no coincide necesariamente con los estados que suelen destacar por sus niveles de homicidios.
Querétaro, por ejemplo, registró una proporción de 2% de hogares afectados por desplazamiento relacionado con inseguridad o violencia, mientras que Sinaloa reportó 1.4%.
Esto abre la posibilidad de que el fenómeno esté relacionado con un conjunto más amplio de situaciones de inseguridad, como amenazas, extorsiones, desapariciones u otros hechos que obligan a las personas a abandonar su lugar de residencia, y no únicamente con homicidios.
La propia medición del INEGI está enfocada en identificar si algún integrante del hogar tuvo que cambiar de residencia de manera forzada por inseguridad delictiva o violencia.
También hay desplazamiento por desastres
La EIC 2025 también preguntó por cambios de residencia provocados por catástrofes naturales o de origen humano.
En este caso, alrededor de 152 mil hogares registraron al menos una persona que tuvo que cambiar de residencia por esas causas, lo que representa cerca de 485 mil 500 personas que habitaban en esos hogares.
Guerrero concentró la mayor proporción de hogares afectados por este tipo de desplazamiento. Entre los fenómenos que han golpeado a la entidad se encuentran los huracanes registrados en los últimos años, incluido Otis, que impactó la costa de Guerrero en 2023.
El Estado de México y Veracruz también registraron cifras importantes de hogares afectados por desplazamientos asociados con desastres.
Una medición que hasta ahora no existía
Para el INEGI, uno de los elementos novedosos de la Encuesta Intercensal 2025 es precisamente la incorporación del desplazamiento forzado interno dentro de sus variables.
El ejercicio permite identificar por primera vez, a escala nacional, cuántos hogares reportaron que alguno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia por violencia, inseguridad o por catástrofes naturales y de origen humano.
Los resultados ofrecen así otra forma de dimensionar el impacto de la violencia en México: no sólo desde las víctimas de delitos, sino también desde las familias que terminan modificando su lugar de residencia como consecuencia de las condiciones de inseguridad.
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