Habitantes de El Terrero denunciaron que unos 60 hombres armados irrumpieron en la comunidad; piden una base de seguridad permanente y la detención de los líderes del grupo criminal.
Habitantes de El Terrero, en el municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, exigieron la desarticulación de Los Ardillos y la instalación inmediata de una base de operaciones interinstitucional, luego de denunciar que alrededor de 60 hombres armados irrumpieron en la localidad el lunes 19 de octubre y realizaron disparos durante varias horas.
En un pronunciamiento, los pobladores señalaron que la incursión puso en riesgo a unas 800 personas, entre ellas niñas, niños, mujeres y adultos mayores. También cuestionaron que los hechos ocurrieran pese a que el destacamento militar del 68 Batallón se encuentra a aproximadamente ocho minutos de la comunidad.
La denuncia ocurre días después del retorno de 50 personas desplazadas por la violencia. Según los habitantes, el 15 de octubre las familias regresaron a El Terrero bajo el compromiso de que el Ejército garantizaría su seguridad.
Sin embargo, aseguraron que la base de operaciones acordada no fue instalada y que las fuerzas militares se retiraron, situación que, afirmaron, dejó expuestas tanto a las personas que regresaron como al resto de la población.
Piden operativos en 11 comunidades
Entre sus principales demandas, los habitantes solicitaron la instalación de una base interinstitucional en El Terrero y la detención de los presuntos responsables de la violencia, incluidos los líderes de Los Ardillos. En particular, señalaron a Celso Ortega Jiménez como uno de los integrantes de ese grupo criminal.
También pidieron establecer bases de seguridad en cinco localidades de Juan R. Escudero: El Terrero, Tlayolapa, Michapa, San José el Puente y El Tabacal.
La exigencia se extiende a otras seis comunidades del municipio de Tecoanapa: El Estrella, Ochoapaca, Perseverancia, Rancho Viejo, Chautipa y San Martín.
Los pobladores advirtieron que no pueden continuar bajo la amenaza de grupos armados y demandaron una respuesta inmediata de las autoridades para proteger a las familias, evitar nuevos ataques y brindar condiciones de seguridad a quienes han sido desplazados por la violencia.
Las acusaciones sobre la incursión armada y la falta de protección corresponden al pronunciamiento de los habitantes. En la información proporcionada no se detallan personas lesionadas, detenidos ni una respuesta oficial de las autoridades sobre los hechos y las demandas.
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