La acusación contra Iván Cazarín Molina en Estados Unidos vuelve a poner bajo escrutinio las grabaciones en las que se presume que el hermano de Amílcar Olán aludió a sus contactos con el operador del CJNG para frenar extorsiones.
La acusación formal presentada en Estados Unidos contra Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, por presuntos delitos de narcotráfico y armas reavivó los cuestionamientos sobre sus posibles contactos con el entorno empresarial de Amílcar Olán, cercano a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Un gran jurado federal del Distrito de Columbia acusó a Cazarín Molina de participar en una conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos, así como de delitos relacionados con armas de fuego. Los hechos señalados en el expediente abarcan presuntamente el periodo de 2005 a 2025.
El caso tiene una segunda vertiente en México: las grabaciones difundidas por medios de comunicación en agosto pasado, en las que una voz atribuida a Luis Alberto Olán, hermano del empresario Amílcar Olán, presumía conocer a “El Tanque” y aludía a esa relación al hablar de extorsiones contra un proveedor de balasto, material utilizado en obras ferroviarias.
La difusión de esos audios puso bajo escrutinio los posibles vínculos entre empresarios relacionados con contratos públicos y presuntos operadores criminales. Sin embargo, las conversaciones difundidas públicamente no acreditan por sí mismas que se haya cometido un delito ni demuestran la responsabilidad de todas las personas mencionadas.
García Harfuch confirma que los audios forman parte de las investigaciones
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las grabaciones relacionadas con los presuntos contactos entre los hermanos Olán y Cazarín Molina forman parte de las investigaciones en torno al detenido.
El funcionario precisó que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos para ampliar las indagatorias a otras personas. La referencia a los audios no equivale a confirmar una investigación formal contra los hermanos Olán.
En cuanto a Andy López Beltrán, hijo del expresidente, la información difundida por las autoridades no establece que exista una investigación en su contra relacionada con este caso.
Los señalamientos sobre el negocio del balasto
Las grabaciones, difundidas por Latinus y retomadas por otros medios, aluden a conversaciones sobre el suministro de balasto para proyectos ferroviarios, entre ellos el Tren Maya y el Tren Interoceánico.
En uno de los fragmentos atribuidos a Luis Alberto Olán, el interlocutor afirma conocer a “El Tanque” y relaciona ese supuesto contacto con el cese de extorsiones contra el propietario de una mina que abastecía material.
Amílcar Olán ha sido objeto de investigaciones periodísticas por sus relaciones personales con Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, así como por empresas vinculadas con contratos públicos durante el sexenio anterior. Esos reportajes han planteado interrogantes sobre el acceso a contratos y las relaciones empresariales, pero deben distinguirse de las pruebas judiciales sobre delitos específicos.
El historial criminal atribuido a “El Tanque”
Cazarín Molina fue detenido el 5 de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco, en un operativo de fuerzas federales mexicanas. Posteriormente, un juez lo vinculó a proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada, secuestro, narcotráfico y armas, y le impuso prisión preventiva en el penal del Altiplano.
Además, en septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su presunta participación en una red de robo y comercialización ilegal de combustible vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades estadounidenses lo identificaron como un operador de alto rango de esa organización.
La nueva acusación estadounidense abre otro frente judicial para Cazarín Molina, mientras las referencias a sus presuntos contactos con el entorno de los Olán siguen sujetas a lo que puedan establecer las investigaciones. Hasta ahora, las acusaciones contra el presunto operador criminal no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la responsabilidad de los empresarios o políticos mencionados en las grabaciones.
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