Jorge “N” fue detenido en Sonora en 2019 con 41 vejigas natatorias de esta especie protegida; la sentencia incluye la reparación del daño ambiental.
Un hombre identificado como Jorge “N” fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de 19 millones 27 mil 591 pesos por reparación del daño, tras ser declarado responsable de un delito contra la biodiversidad relacionado con el tráfico ilegal de totoaba en Sonora.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentencia se obtuvo con apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuyos dictámenes técnicos contribuyeron a acreditar la especie y cuantificar las afectaciones ambientales.
El caso se remonta al 10 de diciembre de 2019, cuando elementos de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal de Seguridad Pública detuvieron al hombre en Sonora.
Durante la revisión de un vehículo con placas de California, Estados Unidos, las autoridades localizaron 35 envoltorios que contenían 41 vejigas natatorias de totoaba (Totoaba macdonaldi), conocidas comercialmente como “buches”.
Daño ambiental en el Alto Golfo de California
La FGR acreditó el delito contra la biodiversidad previsto en el artículo 420 del Código Penal Federal, con agravantes relacionadas con el fin comercial y la afectación a un área natural protegida.
La Profepa participó en la investigación mediante la identificación de la especie y la evaluación del daño ocasionado a la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
El monto de más de 19 millones de pesos corresponde a la reparación del daño ambiental, determinada dentro del proceso judicial.
Totoaba, una especie amenazada por el tráfico ilegal
La totoaba es un pez endémico del Golfo de California cuyas vejigas natatorias alcanzan un alto valor en mercados ilegales. Su captura y comercio representan una amenaza para la conservación de la especie y para el ecosistema marino de la región.
La protección de la totoaba también está vinculada con la conservación de la vaquita marina, que comparte su hábitat y cuya supervivencia enfrenta riesgos asociados a las redes utilizadas en actividades pesqueras ilegales.
La FGR y la Profepa señalaron que continuarán la coordinación para fortalecer las investigaciones y buscar sanciones contra quienes cometan delitos que afecten la biodiversidad del país.
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