Greenpeace México y el colectivo ¡Aquí No! protestaron en Ciudad de México mientras el Gobierno federal realiza una nueva revisión técnica del proyecto en Topolobampo.
La oposición a la construcción de la planta de amoniaco de Grupo Proman, a través de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en Topolobampo, Sinaloa, volvió a escalar este lunes con una protesta encabezada por Greenpeace México y el colectivo ¡Aquí No!
Las organizaciones se manifestaron en el Zócalo de Ciudad de México para exigir la cancelación del proyecto, cuya capacidad prevista es de 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco al día y que se desarrolla junto a la bahía de Ohuira.
La movilización coincidió con los 100 días del plantón instalado contra la obra y con el inicio de una nueva revisión técnica federal, programada del 7 al 11 de septiembre.
Comunidades indígenas mantienen rechazo
Felipe Montaño Valenzuela, vocero del colectivo ¡Aquí No! y gobernador tradicional de la comunidad indígena Mayo-Yoreme de Ohuira, cuestionó las consultas realizadas previamente por las autoridades.
Aseguró que, desde la perspectiva de las comunidades opositoras, estos procesos no cumplieron con los principios de consulta previa, buena fe, información adecuada y pertinencia cultural.
Montaño sostuvo que comunidades indígenas vinculadas directamente con la bahía de Ohuira no otorgaron su consentimiento para la instalación de la planta y rechazó que las mesas de diálogo recientes con autoridades y representantes de la empresa impliquen una aceptación del proyecto.
“Nosotros estamos respetando el diálogo de las mesas”, señaló, aunque aclaró que esto no significa que estén de acuerdo con la construcción.
Advierten riesgos por una eventual fuga
Uno de los principales argumentos de los grupos opositores son los posibles riesgos asociados con una eventual fuga de amoniaco.
Las organizaciones citaron cálculos atribuidos a la Manifestación de Impacto Ambiental elaborada por la propia empresa, según los cuales una fuga de cinco minutos podría tener consecuencias mortales en un radio de hasta 15 kilómetros, mientras que un escenario de 15 minutos podría alcanzar hasta 45 kilómetros.
Greenpeace y ¡Aquí No! también han señalado posibles afectaciones a humedales de relevancia internacional, especies protegidas, actividades como la pesca y territorios considerados sagrados por comunidades Mayo-Yoreme.
Estos señalamientos forman parte de las objeciones que las organizaciones han mantenido durante años contra el proyecto.
Sheinbaum: “La decisión no está tomada”
En medio de la protesta, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el proceso de revisión que realiza actualmente el Gobierno federal.
La mandataria recordó que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se llevó a cabo una consulta en la que, según afirmó, las comunidades participantes votaron a favor del proyecto.
Sheinbaum explicó que desde hace aproximadamente tres meses representantes de las secretarías de Medio Ambiente y Gobernación, junto con otras dependencias, realizan asambleas con habitantes de la zona para conocer sus inquietudes y revisar los posibles impactos ambientales.
También se analizan compromisos que la empresa pudiera tener pendientes.
“La decisión no está tomada”, afirmó la Presidenta, aunque precisó que la planta continúa en proceso de construcción y no ha sido cancelada.
El Gobierno federal busca determinar los posibles impactos ambientales del proyecto y establecer medidas para prevenirlos, reducirlos o mitigarlos. Entre los puntos señalados por Sheinbaum está garantizar que la laguna no resulte contaminada.
Un conflicto que lleva más de una década
Para las organizaciones ambientalistas y las comunidades que se oponen al proyecto, una nueva revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental y del Estudio de Riesgo no resuelve las objeciones que han planteado durante más de una década.
Por ello, Greenpeace México y el colectivo ¡Aquí No! reiteraron su llamado al Gobierno federal para cancelar de manera definitiva la planta de amoniaco en Topolobampo.
El conflicto se mantiene abierto mientras las autoridades federales realizan la nueva revisión técnica y las comunidades opositoras continúan con sus acciones de protesta y rechazo al proyecto.
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