Comunidades de Guerrero exigen liberar a Jesús Plácido

Habitantes de comunidades de la Montaña Baja de Guerrero exigieron la liberación de Jesús Plácido durante una asamblea regional realizada en Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez.

Al encuentro acudieron pobladores, policías comunitarios e integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y de la CRAC-Pueblos Fundadores, quienes rechazaron los señalamientos que relacionan a integrantes del sistema comunitario con grupos delictivos.

Los participantes acusaron una persecución contra las policías comunitarias y pidieron cancelar las carpetas de investigación abiertas contra Jesús Plácido y otros integrantes de estas organizaciones.
“Nosotros como comunitarios no andamos secuestrando, tenemos la prueba en el territorio”, señalaron durante la reunión.

Sixto Mendoza, promotor del CIPOG-EZ, también pidió al Gobierno federal atender la violencia que, según los pobladores, afecta a comunidades de la región y avanzar en la reconstrucción de viviendas dañadas en Tula, Xicotlán y Acahohuetlán.

Otra de las demandas fue garantizar condiciones de seguridad para que familias desplazadas puedan regresar a sus comunidades. Los asistentes también solicitaron a la Fiscalía General de la República investigar presuntos vínculos entre funcionarios y grupos delictivos que, aseguraron, operan en la zona.

¿Por qué está detenido Jesús Plácido?
Jesús Plácido fue detenido el 17 de julio en un retén instalado en el crucero de Monte Alto, municipio de San Marcos.
Después de su detención, autoridades federales informaron que contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Durante la asamblea, integrantes de las organizaciones comunitarias rechazaron las acusaciones y exigieron que se cancelen las investigaciones contra Plácido y otros miembros del sistema comunitario.

Las organizaciones no sólo demandaron su liberación, sino también que se detengan los señalamientos contra las policías comunitarias y se atiendan las condiciones de seguridad y desplazamiento que, afirman, enfrentan habitantes de la Montaña Baja.