La decisión del Gobierno de México de llevar ante tribunales de Estados Unidos 17 casos de connacionales fallecidos presuntamente a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abrió un amplio debate en la mesa de análisis de Panorama 360, donde los participantes coincidieron en la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, aunque también plantearon distintas perspectivas sobre el fenómeno migratorio y las responsabilidades compartidas.
Durante la conducción de la mesa, Héctor Raúl González contextualizó el tema al señalar que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más complejos, marcado por las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, la tensión comercial y los recientes casos de mexicanos fallecidos durante operativos o bajo custodia del ICE. Destacó que, por primera vez, el gobierno mexicano decidió llevar estos casos al ámbito judicial estadounidense, un hecho que consideró relevante dentro de la relación bilateral. También planteó el debate sobre la posible existencia de una narrativa internacional que busca criminalizar la migración mediante la difusión constante de contenidos en redes sociales.
Michelle Onofre calificó la actuación del ICE como una política que ha derivado en prácticas incompatibles con el respeto a los derechos humanos. Señaló que las 17 muertes denunciadas incluyen casos ocurridos durante operativos, así como personas que fallecieron en centros de detención por presuntas negligencias médicas. Citó los casos de José Guadalupe Ramos Solano y Alejandro Cabrera Clemente, quienes, afirmó, no recibieron atención médica adecuada pese a padecer enfermedades graves. Consideró que, aunque tardía, la decisión del Gobierno de México representa un paso importante para exigir responsabilidades y llamó a fortalecer el papel de los consulados mexicanos en la protección jurídica de los migrantes. También subrayó que la migración es un fenómeno permanente que requiere respuestas internacionales y políticas públicas de largo plazo.
Por su parte, Lizzette Larraguivel sostuvo que las acciones legales emprendidas por México eran necesarias frente a lo que describió como una política de «cero tolerancia» que ha generado miedo entre miles de migrantes. Señaló que, independientemente de la situación migratoria de las personas, deben respetarse los derechos humanos y el debido proceso. Además, advirtió que las redadas han provocado la separación de familias y un clima de incertidumbre entre quienes viven o trabajan en Estados Unidos. Aunque reconoció que la demanda podría generar nuevas tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países, consideró indispensable enviar un mensaje contra los abusos cometidos durante los operativos migratorios.
En contraste, Jaime Luis Brito propuso ampliar el análisis más allá de Estados Unidos. Argumentó que el endurecimiento de las políticas migratorias es una tendencia global que también involucra a Europa y al propio Estado mexicano. Recordó que México ha actuado como país de contención para la migración centroamericana y citó como antecedente el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron decenas de personas. También sostuvo que el discurso antiinmigrante tiene un fuerte componente político y electoral, además de una carga racista que, dijo, no es exclusiva de Estados Unidos. A su juicio, la migración constituye un derecho humano y debe analizarse considerando tanto la movilidad de quienes buscan mejores condiciones de vida como fenómenos como la gentrificación y las desigualdades económicas globales.
Aunque desde enfoques distintos, los cuatro participantes coincidieron en que la muerte de migrantes bajo custodia o durante operativos debe investigarse con rigor y que el respeto a los derechos humanos no puede depender de la nacionalidad o del estatus migratorio de las personas. La mesa concluyó que las acciones legales emprendidas por México podrían contribuir a visibilizar internacionalmente el problema, aun cuando persistan dudas sobre su impacto real en la política migratoria de Estados Unidos.
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