Después de dos años de trámite, el proyecto queda pendiente de sanción presidencial para entrar en vigor
Una práctica documentada desde hace dos décadas quedó a un paso de una prohibición legal específica para proteger a niñas y mujeres. Con la aprobación del Congreso, el país creó un marco para prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina.
La aprobación ocurrió el 10 de junio de 2026, tras dos años de trámite y un último debate en el Senado. El proyecto queda pendiente de sanción presidencial para convertirse en ley y comenzar su implementación administrativa.
El cambio responde a casos documentados durante años en comunidades indígenas, especialmente entre menores de la Gran Nación Emberá. También atiende el subregistro de una práctica realizada con frecuencia en hogares y zonas rurales alejadas de servicios públicos.
Qué cambia con la nueva ley
La norma ordena crear una política pública nacional para prevenir la ablación, atender víctimas y recopilar información periódica. Ese sistema permitirá mejorar la identificación de casos y orientar respuestas de salud, protección social y acompañamiento comunitario. Las medidas deberán aplicarse con enfoque preventivo, pedagógico e intercultural, sin desplazar el trabajo con lideresas y autoridades comunitarias.
El Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género registró 98 casos de niñas víctimas entre enero de 2024 y marzo de 2026. Más de la mitad correspondió a menores de cinco años, mientras 83% ocurrió en el hogar de la víctima. Risaralda concentró 64 reportes, pero especialistas y organizaciones advierten que la cifra real puede ser mayor.
La mutilación genital femenina comprende procedimientos realizados por razones no médicas sobre los genitales externos femeninos. Organismos de salud y derechos humanos la asocian con hemorragias, infecciones, dolor, complicaciones obstétricas y secuelas psicológicas. Estos efectos explican que la ley vincule la práctica con violencia basada en género y vulneración de derechos humanos.
Una práctica registrada en 94 países
Con esta aprobación, Colombia se convirtió en el primer país de América Latina con legislación específica contra esta práctica. La organización de derechos humanos Equality Now identificó casos en 94 países, aunque solo 59 cuentan con leyes específicas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF, calculó en 2024 que más de 230 millones de niñas y mujeres sobreviven a la práctica.
El enfoque de la ley también incorpora la participación de comunidades donde se documentaron casos, con énfasis en prevención y atención. Lideresas indígenas participaron durante el trámite y pidieron que la implementación no quede limitada al texto aprobado. Su papel fue relevante porque varias comunidades ya desarrollan procesos propios para abandonar la práctica desde acuerdos internos.
La decisión legislativa no agota el desafío operativo pendiente para entidades públicas y comunidades. El Gobierno, el sistema de salud y autoridades territoriales deberán coordinar datos, atención y acciones educativas durante la fase de implementación. La sanción presidencial será el paso formal antes de activar las rutas previstas por el Congreso.
Descubre más desde Noticias Desde Otro Ángulo Mx
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
