La detención de alcaldes, exalcaldes y actores políticos de la región oriente de Morelos, anunciada este miércoles por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, volvió a colocar al estado en el centro de la discusión nacional sobre la infiltración de la delincuencia organizada en las estructuras de gobierno municipal.
Durante la mesa de análisis Panorama 360, los participantes coincidieron en que el operativo federal representa uno de los golpes más relevantes de los últimos años contra presuntas redes de corrupción y extorsión vinculadas al poder público en Morelos. Sin embargo, advirtieron que las detenciones, por sí solas, no resolverán un problema que lleva años acumulándose en distintas regiones de la entidad.
El operativo derivó en el cumplimiento de órdenes de aprehensión contra el alcalde en funciones de Atlatlahucan, Agustín “N”; el exalcalde de Yecapixtla, Irving “N”; además de otras personas investigadas dentro de la estrategia nacional contra la extorsión. También se informó de acciones para localizar al alcalde en funciones de Cuautla, Jesús “N”.
En la mesa se cuestionó que varios de los hoy investigados participaron durante meses en reuniones oficiales de seguridad mientras sobre ellos pesaban señalamientos públicos y sospechas que circulaban desde hace tiempo en distintas regiones del estado.
“¿De qué sirve una mesa de seguridad si quienes son investigados por delitos relacionados con extorsión forman parte de esos espacios donde se toman decisiones estratégicas?”, se planteó durante la discusión.
REGIONES DONDE EL MIEDO SE VOLVIÓ COTIDIANO
Uno de los puntos centrales del análisis fue el deterioro de las condiciones de seguridad en municipios del oriente y sur de Morelos.
Los participantes señalaron que la magnitud de fenómenos como la extorsión difícilmente podría entenderse sin algún nivel de colusión institucional o sin la utilización de información privilegiada generada desde estructuras gubernamentales. Se mencionaron casos denunciados públicamente en municipios como Cuautla, Yautepec, Ayala, Tlaquiltenango y otras localidades donde comerciantes, productores y habitantes han reportado durante años presiones criminales.
La discusión también abordó la existencia de zonas donde la violencia ha generado un clima de silencio que dificulta incluso el trabajo periodístico y la documentación de lo que ocurre sobre el terreno. Municipios de la Sierra de Huautla y del sur de Morelos fueron citados como ejemplos de territorios donde las denuncias públicas son escasas pese a los testimonios sobre desplazamientos, extorsiones y control criminal.
“MAQUILLAR CIFRAS NO CONSTRUYE PAZ”
Otro de los temas que marcaron la conversación fue la reciente denuncia pública realizada por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien ha advertido sobre los niveles de extorsión que enfrentan habitantes de la Sierra de Huautla.
Durante el análisis se recordó que el propio prelado denunció que familias deben pagar para poder permanecer en sus comunidades y que incluso un sacerdote abandonó la región debido a amenazas y presiones derivadas de la violencia.
Los participantes coincidieron en que minimizar o maquillar la dimensión del problema no contribuye a resolverlo.
“Las acciones son las que deben demostrar que no existe tolerancia a la colusión entre autoridades y grupos criminales”, se señaló durante la mesa, al valorar el operativo federal como un primer paso que deberá extenderse a otras regiones donde persisten denuncias ciudadanas.
LOS PARTIDOS, BAJO LA LUPA
La discusión también apuntó hacia la responsabilidad de los partidos políticos en la selección de candidatos.
Se cuestionó la ausencia de filtros efectivos para impedir que perfiles posteriormente señalados por presuntos vínculos criminales alcanzaran cargos públicos. Además, se advirtió que el problema no corresponde a una sola fuerza política, pues entre los nombres mencionados existen figuras vinculadas a distintos partidos.
Los analistas coincidieron en que el desafío no termina con la captura de personas específicas, sino que obliga a revisar estructuras completas de operación política, redes de influencia y mecanismos institucionales que permitieron durante años la permanencia de determinados grupos en posiciones de poder.
UN MENSAJE QUE APENAS COMIENZA
Para los integrantes de Panorama 360, la operación federal representa un mensaje contundente, pero insuficiente si no se traduce en investigaciones sólidas, procesos judiciales consistentes y acciones permanentes contra las redes que habrían permitido la expansión de la extorsión y otras actividades delictivas desde ámbitos municipales.
La conclusión fue compartida: el reto ya no es únicamente detener a funcionarios o exfuncionarios, sino recuperar instituciones, restablecer el estado de derecho y devolver condiciones mínimas de seguridad a regiones donde, para miles de ciudadanos, la violencia dejó de ser una noticia para convertirse en una forma cotidiana de vida.
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