La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre el aumento del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado en México, fenómeno que identificó como una de las expresiones más graves de la crisis de desapariciones y violencia que enfrenta el país.
En su informe titulado “Desaparición de Personas en México”, el organismo internacional señaló que hasta junio de 2025 se contabilizaban más de 128 mil personas desaparecidas en territorio mexicano, un escenario que afecta de manera directa a sectores vulnerables, especialmente menores de edad expuestos al control y operación de grupos delictivos.
La CIDH explicó que el reclutamiento forzado de adolescentes se ha convertido en una práctica recurrente en diversas regiones del país, donde organizaciones criminales aprovechan contextos de pobreza, abandono escolar, violencia comunitaria y falta de oportunidades para incorporar a menores en actividades ilícitas.
De acuerdo con el documento del Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México, esta problemática tiene mayor presencia en al menos 18 estados del país.
Entre las entidades con mayores reportes destacan el Estado de México, principalmente en municipios como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli; Guanajuato, en ciudades como León, Celaya e Irapuato; así como Jalisco y Sonora, donde también se han identificado focos importantes de reclutamiento juvenil.
El informe señala que muchos menores son utilizados como vigilantes, mensajeros, distribuidores de droga o incluso como combatientes dentro de grupos criminales. Algunos testimonios de sobrevivientes refieren que fueron obligados a participar en actividades relacionadas con preparación y traslado de estupefacientes, además de enfrentar amenazas constantes para evitar escapar.
La CIDH alertó que este fenómeno no sólo representa un problema de seguridad, sino también una grave violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, quienes terminan atrapados en dinámicas de violencia extrema desde edades tempranas.
Especialistas y organismos internacionales han insistido en la necesidad de fortalecer políticas públicas enfocadas en prevención, educación, atención psicológica, protección comunitaria y generación de oportunidades para jóvenes en zonas de alta incidencia delictiva.
El organismo internacional también llamó al Estado mexicano a reforzar mecanismos de búsqueda, protección y atención integral para víctimas de desaparición, así como implementar estrategias específicas para impedir que menores sigan siendo captados por estructuras criminales.
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