Colectivos acusan a integrantes de “La Patrulla Espiritual” de privación ilegal de la libertad y violencia por identidad de género
Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de diversidad sexual denunciaron presuntas violaciones a derechos humanos cometidas contra una mujer trans en Tijuana, quien habría sido trasladada contra su voluntad a un supuesto centro de rehabilitación por integrantes de la agrupación conocida como “La Patrulla Espiritual”.
De acuerdo con el pronunciamiento difundido por activistas y organizaciones, los hechos ocurrieron el pasado 9 de mayo y fueron documentados en videos y testimonios compartidos en redes sociales.
Según las denuncias, en las grabaciones se observa a la víctima visiblemente alterada y solicitando ser liberada mientras presuntamente era llevada en contra de su voluntad.
Las agrupaciones señalaron que durante el traslado la mujer habría sufrido agresiones relacionadas con su identidad y expresión de género.
Además, denunciaron presuntos intentos de imponerle vestimenta masculina y modificar su apariencia física, actos que calificaron como violencia simbólica, psicológica y de género.
“Estos actos constituyen posibles tratos crueles y degradantes motivados por prejuicio”, expresaron las organizaciones en el posicionamiento público.
Colectivos advirtieron que las acciones denunciadas podrían estar vinculadas con prácticas conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), comúnmente llamadas terapias de conversión.
Estas prácticas están prohibidas y consideradas delito en Baja California.
El pronunciamiento fue dirigido a autoridades estatales y municipales, incluyendo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz.
Entre las exigencias planteadas se encuentra la intervención inmediata de autoridades para verificar el estado físico y psicológico de la víctima, garantizar su integridad y esclarecer posibles delitos relacionados con privación ilegal de la libertad, discriminación y violencia de género.
También solicitaron un posicionamiento público en defensa de los derechos de las personas trans y acciones para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Hasta el momento, autoridades de Baja California no han emitido una postura oficial sobre el caso.
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