El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al Secretario General de la ONU remitir la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General, con el objetivo de que se analicen medidas de apoyo internacional para enfrentar este fenómeno.
La decisión se tomó en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al considerar que existe información con indicios fundados de que este delito podría estar ocurriendo de forma generalizada o sistemática en distintas regiones del país.
El Comité precisó que este procedimiento tiene un carácter preventivo y no busca establecer responsabilidades penales individuales, sino movilizar la atención internacional y fortalecer la cooperación para mejorar las acciones de prevención, investigación y sanción.
De acuerdo con el organismo, la evaluación se basa en información proporcionada por organizaciones civiles, datos oficiales del Estado mexicano, así como en el seguimiento que ha realizado desde 2012, incluyendo su visita al país en 2021.
Aunque reconoció que muchas desapariciones están vinculadas a grupos delictivos, el Comité señaló que en algunos casos existen indicios de participación, apoyo o aquiescencia de funcionarios públicos. No obstante, aclaró que no encontró pruebas de una política estatal generalizada para cometer desapariciones forzadas.
El organismo subrayó que, conforme al derecho internacional, estos delitos pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad cuando forman parte de ataques sistemáticos contra la población civil, incluso si no ocurren en todo el territorio o no son ordenados desde los niveles más altos del gobierno.
En su análisis, el Comité también advirtió que la magnitud de la crisis sigue siendo preocupante. Señaló que en México se han localizado más de 4 mil 500 fosas clandestinas, con más de 6 mil 200 cuerpos y miles de restos humanos sin identificar, lo que refleja la dimensión del problema.
Asimismo, indicó que, pese a las acciones emprendidas por el Estado, no se observa una mejora sustancial en la situación, mientras que las autoridades continúan rebasadas por la cantidad de casos.
Ante este escenario, el CED planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda, los procesos forenses y las investigaciones, así como de establecer esquemas eficaces para garantizar la verdad, la justicia y la atención a las víctimas.
Finalmente, el Comité reiteró su disposición de seguir colaborando con el Estado mexicano, al tiempo que llamó a la comunidad internacional a brindar asistencia técnica, financiera y especializada para enfrentar la crisis.
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