Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el denominado “Plan B” de la reforma electoral, con lo que el dictamen fue turnado al pleno para su discusión y eventual votación.
La iniciativa fue respaldada por legisladores de Morena y el Partido Verde, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. En la Comisión de Puntos Constitucionales obtuvo 11 votos a favor y 5 en contra, y en Estudios Legislativos 13 a favor frente a 6 en contra.
Entre los cambios planteados destaca la posibilidad de que la consulta de revocación de mandato se realice el 6 de junio de 2027, coincidiendo con la jornada electoral intermedia, en la que se renovarán gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y ayuntamientos.
Uno de los puntos que ha generado mayor debate es la propuesta que permitiría a la titular del Ejecutivo federal participar en la difusión del proceso de revocación e incluso promover el voto, lo que, de acuerdo con la oposición, podría generar ventajas en un contexto electoral.
Al respecto, Marko Cortés Mendoza señaló que su bancada votará en contra al considerar que la iniciativa no reduce costos y otorga beneficios adicionales al Ejecutivo.
El dictamen también contempla limitar el presupuesto de los congresos locales, establecer que funcionarios electorales no perciban salarios superiores al de la presidencia y aplicar una reducción gradual del presupuesto del Senado en los próximos años.
La discusión en el pleno se prevé en un ambiente de alta polarización, donde se definirá si la reforma avanza o es rechazada.
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