A 19 años de la agresión sexual perpetrada presuntamente por elementos del Ejército mexicano contra Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, cuya falta de atención médica derivó en su muerte, su familia y las organizaciones que los representan exigieron al Estado mexicano cumplir “de manera integral y sin dilaciones” la sentencia emitida el 16 de diciembre de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En un comunicado firmado por seis agrupaciones, las y los representantes del caso manifestaron su preocupación por la ausencia de una hoja de ruta oficial para implementar las medidas ordenadas por el tribunal internacional.
“Desde el día siguiente a la sentencia solicitamos al Estado mexicano notificar una hoja de ruta con acciones y propuestas concretas para el cumplimiento de las medidas ordenadas. A la fecha, el Estado no ha realizado una propuesta, lo que retrasa el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación para doña Ernestina y su familia, y pone en riesgo el cumplimiento oportuno de sus obligaciones internacionales”, señalaron.
La Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones cometidas contra Ernestina Ascencio y su familia, así como por la intervención indebida de altas autoridades que, de acuerdo con la resolución, favorecieron la impunidad. También acreditó barreras lingüísticas y actos de discriminación por razones de género, etnia y edad que obstaculizaron el acceso a la justicia.
Entre las medidas de reparación ordenadas se encuentran la realización de una investigación penal exhaustiva y seria que derive en la sanción de los responsables; un acto público de reconocimiento de responsabilidad; el otorgamiento de becas para los nietos y nietas de la víctima; atención médica y psicológica con pertinencia cultural; el fortalecimiento del centro de salud en Soledad Atzompa; la creación de un registro nacional de intérpretes de lenguas indígenas, y programas de formación con perspectiva de género para servidores públicos.
Las organizaciones subrayaron que la sentencia constituye un precedente histórico en el reconocimiento de la discriminación estructural que enfrentan las mujeres indígenas y reafirma la obligación de los Estados de garantizar acceso a la justicia sin discriminación.
“La decisión también es resultado de la lucha incansable de la familia de doña Ernestina, que durante casi dos décadas se negó a aceptar el silencio y el olvido. La sentencia debe ayudar a que lo que le pasó a mi madre no le pase a ninguna otra mujer”, expresó Martha Inés Ascencio, hija de la víctima, citada en el comunicado.
Las y los representantes consideraron que el Estado mexicano tiene la oportunidad y la obligación de honrar esta resolución con acciones concretas, transparentes y oportunas que garanticen justicia para la familia y contribuyan a la no repetición de hechos similares.
Con información de La Silla rota Veracruz
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