Por: Verónica Jiménez
Un juez dictó prisión preventiva justificada contra 31 cooperativistas de Cruz Azul detenidos tras la recuperación de la planta cementera, mientras que otros dos fueron vinculados a proceso y también enfrentarán el procedimiento bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
La decisión se tomó durante la audiencia inicial derivada del operativo que dejó un saldo de 33 personas detenidas. Los 31 imputados fueron ingresados al Cereso de Pachuca, en tanto que la continuación de la audiencia fue programada para el 19 de febrero, fecha en la que podría definirse su situación jurídica.
De acuerdo con fuentes legislativas, los cooperativistas que mantuvieron el control de la planta durante cinco años promovieron el amparo 37/2021-5 para frenar un eventual desalojo; sin embargo, el 12 de febrero de 2024 les fue negada la suspensión definitiva. Tras esa resolución, no habrían interpuesto nuevos recursos legales.
El amparo fue tramitado por Federico Sarabia Pozo, Víctor Luna y Sergio Rodríguez Reyes, quienes se ostentaban como representantes de la cooperativa. La resolución correspondiente quedó firme el 21 de febrero de 2024.
En conferencia, el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, rechazó que exista intención de criminalizar a los cooperativistas.
El funcionario sostuvo que la intervención en la cementera se realizó mediante mandamiento judicial y en coordinación con autoridades del Estado de México. “La Procuraduría de Justicia de Hidalgo no criminaliza a nadie; cuando judicializa una carpeta o toma decisiones es porque cuenta con las pruebas necesarias”, afirmó.
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