La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que el traslado de 37 personas vinculadas a organizaciones criminales a Estados Unidos haya sido resultado de un acuerdo con el gobierno de ese país. Aseguró que la decisión fue tomada de manera soberana y respondió a un análisis interno en materia de seguridad nacional.
Durante su conferencia matutina del 21 de enero de 2026, la mandataria explicó que el operativo fue evaluado por el Consejo Nacional de Seguridad, el cual revisó de forma individual cada caso y determinó que el traslado era conveniente para los intereses del país.
Un día antes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los 37 detenidos fueron enviados a centros penitenciarios ubicados en Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, mediante siete aeronaves militares mexicanas. Entre los trasladados se encuentran presuntos líderes y operadores de grupos criminales como el Cártel del Noreste, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la organización de los Beltrán Leyva.
Sheinbaum subrayó que el procedimiento se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo esquemas de cooperación bilateral previamente establecidos, aclarando que no existe ningún pacto especial con la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Añadió que las decisiones en materia de seguridad se toman priorizando la soberanía del país.
Asimismo, destacó que en los traslados se garantizó que las autoridades estadounidenses no apliquen la pena de muerte a las personas enviadas, y reiteró que la colaboración internacional no implica aceptar presiones externas.
La presidenta también señaló que este tipo de acciones buscan reducir riesgos a la seguridad pública y fortalecer la estrategia contra el crimen organizado, en un contexto de diálogo bilateral en materia de seguridad. Desde 2025, México ha realizado tres rondas de traslados que suman 92 personas enviadas a Estados Unidos.
Finalmente, afirmó que estas decisiones no tienen implicaciones políticas y forman parte de los mecanismos de cooperación vigentes entre ambos países para enfrentar a las organizaciones criminales.
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