El reciente caso de Deysi, una niña de 10 años originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, volvió a evidenciar la persistencia del embarazo infantil en México y los riesgos que implica para la salud y los derechos de las menores de edad.
La niña fue ingresada a un hospital público para dar a luz, a pesar de no contar con el desarrollo físico necesario para un embarazo. Durante el procedimiento se presentaron complicaciones severas que obligaron a su traslado, junto con el recién nacido, a un segundo centro médico, donde ambos permanecen bajo observación especializada.
De acuerdo con información médica, la menor presentó lesiones internas graves derivadas del parto. Su complexión física —con peso y estatura inferiores a los estándares de una gestación segura— reflejó el alto nivel de riesgo al que fue expuesta.
El caso no fue detectado ni reportado de manera oportuna por el entorno familiar ni por el personal de salud que tuvo contacto inicial con la menor. Fue hasta días después que un trabajador social notificó la situación a la Fiscalía estatal, lo que derivó en la apertura de una investigación. El hombre que acompañaba a la niña, quien se presentó como su pareja, ya no fue localizado.
Embarazo infantil, un fenómeno vinculado a violencia
Especialistas coinciden en que los embarazos en niñas menores de 15 años suelen estar asociados a violencia sexual y a contextos de desigualdad estructural. A pesar de que en el país existe una estrategia nacional para la prevención del embarazo adolescente, su aplicación enfrenta limitaciones presupuestales y de cobertura.
La falta de programas permanentes de educación sexual integral, así como las barreras para acceder a métodos anticonceptivos, siguen siendo factores que inciden de manera directa en la reproducción de estos casos, particularmente en comunidades rurales y marginadas.
Contexto en Chiapas
Chiapas registra una de las tasas más altas de fecundidad en adolescentes a nivel nacional. De acuerdo con datos de organismos especializados, la entidad supera el promedio del país en cuanto a la necesidad insatisfecha de acceso a servicios de planificación familiar, lo que agrava el panorama para niñas y adolescentes.
El caso de Deysi pone de relieve la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y atención integral, así como de garantizar que las instituciones actúen con enfoque de derechos humanos para proteger a las niñas frente a situaciones de violencia y maternidad forzada.
Con información de TerceraVía Mx.
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