La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses abrió un nuevo capítulo en la crisis venezolana, pero dejó sin respuesta inmediata uno de los temas más sensibles del conflicto: el destino de los presos políticos. Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que, pese al cambio en la cúpula del poder, cientos de personas continúan privadas de la libertad en condiciones críticas y sin garantías claras de liberación.
De acuerdo con el más reciente informe de la organización Foro Penal, al 29 de diciembre de 2025 se registraban 863 presos políticos en Venezuela. Del total, 687 son civiles y 176 militares; 755 hombres, 106 mujeres y un adolescente. El registro incluye además a 86 personas extranjeras, originarias, entre otros países, de Argentina, España e Italia.
Las detenciones se intensificaron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, proceso que derivó en denuncias de fraude y protestas masivas. En ese periodo, más de 2 mil 400 personas fueron arrestadas en menos de dos semanas, una cifra que supera los registros del ciclo de protestas de 2017.
“En este contexto de alta incertidumbre, exigimos respeto absoluto a la vida y a la integridad física de las personas detenidas por razones políticas”, señaló Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, quien alertó sobre el incremento del aislamiento, la falta de información médica y las restricciones al contacto con familiares.
Aunque en semanas recientes se reportó la liberación de 105 personas vinculadas a causas políticas, organizaciones civiles advierten que se trata de medidas parciales que no modifican la situación estructural. Desde 2014, Foro Penal ha documentado 18 mil 612 detenciones con fines políticos y al menos 17 muertes de personas bajo custodia del Estado en circunstancias no esclarecidas.
El gobierno provisional encabezado por Delcy Rodríguez no ha emitido un pronunciamiento específico sobre los presos políticos. En mensajes públicos, la mandataria interina se ha limitado a señalar que Venezuela mantiene una “vocación de paz y convivencia”.
Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que la liberación de los presos políticos no figura entre las prioridades inmediatas de su administración. “Ahora mismo queremos estabilizar el país, atender el tema petrolero y avanzar hacia elecciones”, declaró en una entrevista reciente.
Mientras tanto, la presión internacional se incrementa. Gobiernos y organismos multilaterales demandan información clara sobre la situación jurídica y las condiciones de reclusión de los detenidos. En el terreno, Foro Penal mantiene guardias permanentes y comunicación con familiares, ante el riesgo de un mayor deterioro en los centros de detención.
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