La apropiación del dinero, bienes o pensiones de personas adultas mayores podría convertirse en un delito penal que se persiga de oficio, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia, de prosperar una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados.
El pasado 27 de diciembre de 2025, la diputada Azucena Huerta Romero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso reformas al Código Penal Federal y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de tipificar la explotación financiera contra personas mayores de 65 años.
La iniciativa plantea la creación del artículo 390 Ter del Código Penal Federal, en el que se establece que comete este delito quien, aprovechándose de una relación de parentesco, tutela, laboral o de confianza, se apropie, administre o utilice recursos económicos, bienes o pensiones de un adulto mayor sin su consentimiento libre e informado.
Las sanciones contempladas van de cuatro a ocho años de prisión y multas de entre 200 y 500 días. Además, las penas se incrementarían hasta en un 50 por ciento cuando la víctima tenga alguna discapacidad o condición que limite su capacidad de comprensión o defensa.
Uno de los cambios centrales de la propuesta es que el delito sea perseguido de oficio, eliminando la exigencia de una denuncia formal por parte de la víctima, como actualmente ocurre con figuras como el abuso de confianza. La legisladora argumentó que muchas personas adultas mayores dependen económica y emocionalmente de su agresor, quien suele ser un familiar cercano, lo que dificulta que acudan ante el Ministerio Público.
De manera paralela, la iniciativa propone adicionar el artículo 23 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para obligar a instituciones financieras públicas y privadas a simplificar trámites relacionados con pensiones y servicios, así como a establecer protocolos de detección y reporte de operaciones sospechosas ante la Fiscalía General de la República.
Datos citados en el documento legislativo señalan que, en 2021, el 4.7 por ciento de las mujeres de 60 años o más reportaron haber sufrido violencia económica por parte de un familiar, de acuerdo con el Inegi. Asimismo, la Condusef ha advertido que cerca del 63 por ciento de las reclamaciones de adultos mayores ante bancos están vinculadas con posibles fraudes.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, donde será analizada y dictaminada. De aprobarse, México avanzaría hacia un marco legal más estricto para proteger el patrimonio y la dignidad de las personas adultas mayores.
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