A 37 años del primer Día Mundial del Sida, organismos internacionales advirtieron un retroceso en la respuesta global contra el VIH, luego de que varios países redujeron o congelaron los fondos destinados a programas de prevención, atención y tratamiento.
Cada 1 de diciembre, la comunidad internacional conmemora a las víctimas del sida y evalúa el progreso frente a una de las epidemias más devastadoras de la historia. Desde 1981, unas 44.1 millones de personas han muerto por causas relacionadas con el virus y 91.4 millones han sido infectadas, de acuerdo con ONUSIDA.
El desarrollo de la terapia antirretroviral de gran actividad en 1996 transformó el panorama global: el sida dejó de ser una sentencia de muerte para convertirse en una enfermedad controlable en países con acceso a tratamiento. A ello se sumó en 2003 el lanzamiento del programa estadounidense PEPFAR, considerado el mayor esfuerzo sanitario internacional contra una sola enfermedad y al que se atribuye haber salvado más de 26 millones de vidas en 50 países.
Durante la última década, nuevos avances reforzaron el combate al VIH. En 2012, Estados Unidos aprobó Truvada como profilaxis preexposición (PrEP), que reduce hasta en 99% el riesgo de infección por vía sexual. Y en 2024, Europa autorizó el uso de lenacapavir, un antirretroviral inyectable que ofrece protección semestral y mostró 99.9% de eficacia en ensayos clínicos.
Pese a ello, los objetivos 90-90-90 de ONUSIDA —establecidos para 2020— no se cumplieron de forma generalizada. Solo 19 países alcanzaron esa meta, cuyo propósito era frenar la transmisión del virus mediante diagnóstico, acceso al tratamiento y supresión viral.
La situación se agrava en 2025. Estados Unidos —históricamente el mayor financiador global contra el VIH— congeló o retiró parte de su apoyo internacional. A ello se sumaron recortes en naciones europeas como Reino Unido, Francia y Alemania. La disminución de recursos ya provocó interrupciones en servicios de atención en países de África, Asia y el Caribe.
Expertos consultados por organizaciones de salud pública advirtieron que la caída en los fondos “puede revertir años de trabajo” y poner en riesgo otras estrategias de contención sanitaria contra enfermedades como malaria y tuberculosis.
Mientras tanto, ONUSIDA insistió en que, sin financiamiento sostenido y sin políticas públicas integrales, el progreso alcanzado en cuatro décadas podría detenerse, ampliando las brechas en diagnóstico, tratamiento y prevención.
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