La violencia criminal en América Latina está provocando el desplazamiento interno de miles de personas, un fenómeno que avanza sin un marco legal que proteja a las víctimas, advierte la iniciativa ProLAC en su más reciente informe.
Según el análisis del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y el Consejo Danés para los Refugiados (DRC), extorsiones, amenazas de secuestro y reclutamiento forzado de menores explican el 70% de los desplazamientos internos en países como Ecuador, Guatemala, Honduras y México.
El informe detalla que la violencia ocurre en regiones con presencia limitada del Estado, donde los afectados no denuncian por temor o desconfianza hacia las autoridades. “Las familias que huyen se vuelven cada vez más invisibles”, afirmó Stine Paus, directora regional del NRC en América Latina, quien señaló que la desprotección jurídica incrementa la vulnerabilidad de los desplazados.
ProLAC advierte que esta violencia es “generalizada y sistémica” y carece de respuestas judiciales efectivas. Un tercio de los encuestados reconoció no haber presentado denuncias formales, lo que dificulta el acceso a asistencia humanitaria o mecanismos de reparación.
Yann Cornic, director regional de operaciones del DRC, explicó que el vacío legal limita el acceso a justicia y ayuda, y exhortó a los gobiernos a adoptar medidas legislativas concretas. Actualmente, solo Honduras cuenta con una ley desde 2022 —aunque sin reglamentación ni financiamiento adecuado—, mientras que en México, Ecuador y Guatemala la legislación es parcial o inexistente.
El informe concluye con un llamado a los gobiernos de la región para reconocer formalmente la crisis humanitaria del desplazamiento interno y garantizar políticas públicas centradas en la protección de las personas afectadas.
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