La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos malos manejos financieros superiores a los 50 millones de pesos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) durante la gestión de María Elena Álvarez-Buylla.
De acuerdo con los informes de la ASF, las irregularidades están relacionadas con los procesos de extinción de fideicomisos de ciencia y tecnología realizados en 2021, en los que se detectaron pagos por servicios sin evidencia documental y anomalías en la gestión contable.
Esta es la primera vez que la ASF presenta una denuncia penal por posibles actos de corrupción en el Conacyt, institución que durante más de dos décadas había sido auditada sin denuncias formales. El caso se suma a los de Segalmex y Conade, que también fueron turnados al Ministerio Público Federal.
Los auditores identificaron que cinco contratos formalizados con tres empresas —NRGP Servicios Empresariales Integrales, COFISAA Servicios Empresariales y Soluciones Empresariales & Profesionales ZUVI— por un monto total de 35 millones de pesos, carecen de evidencia sobre la realización efectiva de los servicios contratados.
Además, se detectó un posible daño adicional de 22.5 millones de pesos en un contrato con NRGP Servicios Empresariales Integrales, empresa encargada del seguimiento técnico y administrativo de proyectos derivados de la extinción de los fideicomisos. Los auditores reportaron inconsistencias y duplicidades en los archivos entregados, así como falta de documentación que respalde la información financiera.
La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, inició ya una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.
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