En Morelos, el dolor tiene cifras: al 25 de julio de 2025 se contabilizan 1,662 personas desaparecidas, 315 no localizadas y 449 halladas sin vida. Pero detrás de cada número hay una madre, un padre, una hermana que todos los días emprenden la búsqueda de quienes les arrebataron.
Las más vulnerables son las mujeres jóvenes: entre 1973 y febrero de 2024, se registraron 584 casos de mujeres desaparecidas y no localizadas en el estado; las más afectadas son adolescentes de 15 a 19 años. Madres buscadoras denuncian que la desaparición de hijas jóvenes se ha vuelto más frecuente y dolorosamente común.
La desaparición forzada no es un fenómeno aislado. Desde 1988, cuando en Cuautla desapareció José Ramón García Gómez, hasta el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el país arrastra una herida que no cierra. Hoy, México tiene registradas más de 127 mil personas desaparecidas y apenas 373 condenas por este delito. El porcentaje es demoledor: apenas 0.56% de los casos ha llegado a sentencia.
Para las familias, la impunidad es otra forma de violencia. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos lo resume con contundencia: “la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que no prescribe”.
Por eso, cada 30 de agosto no es una fecha de conmemoración, sino de resistencia. Las madres buscadoras marchan con la esperanza de que sus hijas e hijos regresen. Con la fuerza de quienes se niegan a rendirse, vuelven a recordarle al Estado su deber: buscar, investigar, garantizar justicia y que nunca más una persona desaparezca en México.
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