El respaldo social a la legalización de la eutanasia en Uruguay alcanza el 77%, según una encuesta de Factum, un nivel superior al registrado en otros países que han regulado esta práctica, como España (72%) o Canadá (cercano al 70% antes de su aprobación en 2016).
La aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados autoriza la muerte asistida en casos de enfermedades incurables, irreversibles o con dolores considerados insoportables, y plantea que solo personas mayores de edad con residencia acreditada en el país podrán solicitar el procedimiento, previa evaluación de dos profesionales de la salud. El objetivo es garantizar un final de vida indoloro, apacible y respetuoso, similar a los marcos regulatorios de Bélgica o Países Bajos.
Factores demográficos también influyen en el respaldo social: Uruguay presenta el índice de envejecimiento más alto de América Latina, con 82,9 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 14 años, una edad mediana de 36,4 años, y tasas de natalidad y fecundidad por debajo del promedio regional.
El debate legislativo sobre la eutanasia se inició en 2019. Una propuesta anterior no prosperó en el Senado en 2022, pero la presencia de bloques partidarios favorables y la aprobación de derechos vinculados a la autonomía personal han configurado un entorno receptivo. La mayoría oficialista en la Cámara Alta podría definir la aprobación de la ley antes de que finalice el año, convirtiendo a Uruguay en el tercer país latinoamericano en contar con una legislación específica sobre eutanasia.
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