En un hecho sin precedentes para la historia reciente de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La decisión fue anunciada por la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, el 1 de agosto.
Además de la condena, Uribe fue inhabilitado por ocho años para ocupar cargos públicos y deberá pagar una multa de 3.400 millones de pesos colombianos. La sentencia superó incluso la petición inicial de la Fiscalía, que había solicitado una pena de nueve años.
El fallo se basa en pruebas que acreditan que Uribe, junto a su abogado Diego Cadena, manipuló testimonios de exparamilitares —entre ellos Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra— con el objetivo de desprestigiar al senador Iván Cepeda. En 2012, Uribe denunció a Cepeda por supuestos vínculos con grupos guerrilleros, pero en 2018 la Corte Suprema archivó la investigación y abrió una nueva, esta vez contra el propio Uribe por presuntas irregularidades en el caso.
Según explicó la jueza Heredia Aranda, la defensa del expresidente recorrió varias cárceles del país en busca de testigos que pudieran declarar en contra de Cepeda, ofreciendo beneficios o manipulando testimonios.
La defensa legal de Uribe ya anunció que apelará el fallo, lo que trasladará el caso al Tribunal Superior de Bogotá, instancia que deberá resolver antes de octubre, mes en el que la causa podría prescribir. En caso de que se ratifique la condena, aún quedaría la posibilidad de una nueva apelación ante la Corte Suprema de Justicia, curiosamente el mismo tribunal donde el caso comenzó hace más de una década.
Esta condena representa un terremoto político para Colombia, donde Uribe ha sido una figura clave desde principios de los años 2000. Su impacto podría ser determinante de cara a las elecciones de 2026, donde su partido, el Pacto Democrático, se enfrentará al oficialismo. El caso se suma a una serie de precedentes regionales donde expresidentes han sido condenados, como Jair Bolsonaro en Brasil y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.
El país está a la expectativa de los próximos pasos legales y políticos de quien fuera uno de los líderes más influyentes de su historia reciente.
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