La presunta renuncia de Verónica Hernández Giadáns a la Fiscalía General de Veracruz, acompañada de la solicitud de licencia de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Arroyo, desató una nueva ola de señalamientos políticos en el estado.
Este jueves, el Congreso local avaló la salida de Hernández Giadáns, cuya dimisión se había filtrado desde hace más de un mes, y también aprobó la licencia de Jiménez Arroyo, expresidenta del Poder Judicial. Su nombre suena como posible sustituta en la Fiscalía, aunque su eventual llegada ha sido cuestionada por la oposición, que acusa un intento de la Gobernadora Rocío Nahle por colocar a una “fiscal carnala”.
Penalistas también advirtieron que Jiménez estaría legalmente impedida para asumir el cargo.
Hernández Giadáns había sido ratificada en 2020 para un periodo de nueve años; sin embargo, con el arranque del gobierno de Nahle, el Congreso modificó el proceso de designación, ratificación y remoción del fiscal, reduciendo el periodo a cuatro años y permitiendo la reelección. La reforma entró en vigor el 5 de septiembre.
Con el nuevo esquema, el Congreso cuenta con cinco días hábiles para elegir a quien encabezará la Fiscalía, a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo estatal. El presidente de la Jucopo, Esteban Bautista, adelantó que “hoy mismo tendremos fiscal”.
Si la primera terna es rechazada, el Ejecutivo enviará una segunda, que deberá ser aprobada por dos terceras partes del Pleno; si tampoco pasa, la Gobernadora podrá elegir entre ambas ternas.
Entre los cambios aprobados también destaca que ya no será requisito ser veracruzano para ocupar la Fiscalía, solo ser mexicano, además de facultar al Ejecutivo para solicitar la destitución por causas graves, aunque el Congreso podrá bloquearla con mayoría calificada.
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