Una democracia puede sobrevivir a gobiernos impopulares y a partidos políticos desacreditados. Lo que difícilmente puede soportar es que las y los ciudadanos dejen de confiar en quienes organizan las elecciones.
Ese es el riesgo que hoy enfrenta el Instituto Nacional Electoral tras el escándalo del clan Taddei, que provocó la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia de este organismo el pasado 26 de octubre.
Las investigaciones periodísticas y la filtración de videos y llamadas telefónicas han evidenciado presuntos conflictos de interés, vínculos personales con contratistas y adjudicaciones millonarias. Hasta ahora se ha difundido que empresas relacionadas con el caso obtuvieron contratos por más de mil 803 millones de pesos en organismos electorales de 17 estados.
La Auditoría Superior de la Federación investiga posibles irregularidades, colusiones y triangulación de recursos.
Los señalamientos deben investigarse a profundidad, sin embargo el problema va mucho más allá de las posibles responsabilidades administrativas.
¿Cómo puede una institución exigir confianza en la limpieza de las elecciones cuando enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia de sus propios procedimientos?
Durante décadas, México construyó una autoridad electoral autónoma, con activa participación ciudadana, precisamente para superar la desconfianza en los gobiernos que organizaban los comicios.
Ese patrimonio institucional hoy está bajo presión.
Y ocurre en un país donde la credibilidad de las instituciones ya se encuentra seriamente deteriorada.
Latinobarómetro 2026 revela que apenas 18 por ciento de las y los mexicanos confía en los partidos políticos; 29 por ciento, en el Congreso, y 28 por ciento, en el Poder Judicial.
El INE, en contraste, conserva-ba la confianza del 53 por ciento de los ciudadanos.
Precisamente por eso, el escándalo es preocupante. Podría concluir en el severo e irreversible debilitamiento de una de las pocas instituciones que mantiene, o mantenía, un respaldo social relativamente amplio.
Y es que cuando los ciudadanos, las ciudadanas, desconfían del árbitro, también resulta más difícil que los partidos políticos y sus candidatos acepten los resultados.
Una democracia sin confianza en sus reglas comienza a depender de la voluntad de los políticos para respetarlas.
De cara a las elecciones de 2027, el INE y la autoridad investigadora enfrentan una obligación ineludible: esclarecer los contratos, investigar los posibles conflictos de interés, transparentar sus decisiones y establecer responsabilidades donde corresponda.
No basta con cambiar a la presidenta o sustituir funcionarios.
Tampoco debe permitirse que las sospechas sobre algunas personas desacrediten el trabajo de toda la institución.
El verdadero costo del escándalo podría no estar únicamente en los millones de pesos bajo investigación, sino en la confianza que los mexicanos eventualmente pierdan.
Y cuando un país deja de confiar en el árbitro de sus elecciones, lo que está en juego no es solamente la reputación de una institución, es la confianza en la democracia misma.
Esperamos investigaciones serias, que lleguen al fondo del caso, que limpien en verdad la institución y frenen, lo antes posible, la pérdida de credibilidad de la institución responsable de garantizar que la decisión de la mayoría en las urnas se respete y se cumpla.
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