Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, renunció como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en medio de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntas irregularidades relacionadas con proveedores electorales.
La salida del funcionario fue presentada la noche del miércoles 11 de noviembre y confirmada por la vocería del Gobierno de Sonora. Piñeda Taddei ocupaba el cargo desde agosto de 2025, después de desempeñarse en la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal.
Su renuncia se conoció luego de que trascendiera que su nombre aparece entre las personas cuyas cuentas bancarias fueron bloqueadas por la UIF como parte de una investigación financiera.
De acuerdo con información difundida por medios nacionales, la medida comprende a 40 personas y empresas: 25 personas físicas y 15 morales. Entre los señalados se encuentran Guadalupe Taddei, su hijo, ocho exfuncionarios del INE y empresarios relacionados con contratos de servicios y materiales electorales.
La investigación también involucra a los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyos negocios habrían obtenido contratos con el organismo electoral por más de 2 mil 500 millones de pesos durante aproximadamente dos décadas.
La UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen posibles delitos relacionados con las operaciones financieras bajo revisión.
¿Quién es Luis Rogelio Piñeda Taddei?
Antes de asumir la Secretaría Particular de Alfonso Durazo, Piñeda Taddei trabajó en el Gobierno de Sonora como titular de la Consejería Jurídica y ocupó cargos relacionados con asuntos legislativos.
Su salida ocurre después de que el gobernador defendiera públicamente su permanencia en la administración estatal. El pasado 29 de octubre, Durazo rechazó que el nombramiento obedeciera a una recomendación de Guadalupe Taddei y sostuvo que su colaborador contaba con experiencia profesional.
Hasta ahora, el Gobierno de Sonora confirmó la renuncia, pero no informó que esta obedeciera formalmente a la investigación de la UIF.
El bloqueo de cuentas y las indagatorias tampoco representan, por sí mismos, una declaración de culpabilidad. La responsabilidad de las personas señaladas deberá determinarse por las autoridades competentes.
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