Estudiantes de Ayotzinapa cuestionaron que la condena de 60 años contra el exalcalde de Iguala no contemple los hechos de tortura y asesinato del normalista, ocurridos en septiembre de 2014.
Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa exigieron que la sentencia de 60 años de prisión dictada contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, también considere los hechos relacionados con Julio César Mondragón Fontes, quien fue torturado y desollado durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos señalaron que la resolución judicial dejó fuera los delitos relacionados con la tortura de Mondragón, por lo que pidieron que se dé seguimiento a ese caso y se investigue la posible responsabilidad del exedil.
En un pronunciamiento conjunto difundido este sábado, las organizaciones cuestionaron que el fallo emitido por el juez Irving Joan González Balleza, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, contemple delitos de homicidio calificado y simple, así como homicidios en grado de tentativa, pero no incluya los hechos contra el estudiante.
Sin embargo, el reclamo de los normalistas se centra en que la resolución no sanciona la tortura que sufrió Mondragón, no en que su homicidio haya quedado fuera de la sentencia. El fallo sí incluye su asesinato entre los seis homicidios por los que fueron condenados Abarca y otras 25 personas.
Las organizaciones pidieron que las autoridades, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, den seguimiento al caso y que se investigue de manera específica la tortura. También exigieron que se esclarezca quiénes participaron en las agresiones, quiénes las ordenaron y quiénes las permitieron.
Mondragón fue localizado sin vida el 27 de septiembre de 2014, después de los ataques ocurridos en Iguala, Guerrero, en los que también desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa. Su cuerpo presentaba múltiples lesiones y el rostro desollado.
La sentencia de 60 años fue emitida por el juez Irving Joan González Balleza, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas. La defensa de Abarca impugnó la resolución, por lo que un tribunal de apelación deberá revisar el fallo.
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