El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Turismo que obliga a hoteles, moteles, alojamientos y otros prestadores de servicios turísticos a aplicar medidas de prevención para detectar y reportar posibles casos de abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
Entre las nuevas disposiciones destaca que, cuando una persona adulta pretenda utilizar un servicio turístico acompañada de un menor de edad, deberá acreditar el parentesco, patria potestad, tutela, guarda o custodia correspondiente.
Si el adulto no puede comprobar legalmente el vínculo con el menor, el establecimiento deberá negar el servicio y dar aviso a las autoridades investigadoras ante la posible comisión de un delito.
La medida alcanzará a hoteles, moteles, hospedajes e inmuebles destinados a renta turística, así como a empresas de transporte terrestre, aéreo y marítimo, restaurantes, bares, spas y centros de entretenimiento, entre otros establecimientos.
Turismo tendrá protocolos de prevención
La reforma también establece obligaciones para el personal de la Secretaría de Turismo, que deberá aplicar protocolos preventivos para identificar posibles delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, bajo el principio del interés superior de la niñez.
El cambio busca que los establecimientos turísticos tengan herramientas para detectar señales de riesgo y actuar ante situaciones que puedan estar relacionadas con abuso, trata o explotación sexual infantil.
De acuerdo con legisladores, el sector turístico puede convertirse en un punto de detección temprana, particularmente en espacios donde adultos y menores utilizan servicios de hospedaje, transporte o entretenimiento.
La reforma establece obligaciones específicas para los prestadores de servicios, aunque especialistas y legisladores también han planteado la necesidad de acompañarlas con capacitación para trabajadores, coordinación entre fiscalías y procuradurías de protección, además de recursos para atender a las víctimas.
El dictamen fue aprobado por el Senado y remitido al Ejecutivo federal para continuar con el proceso de promulgación y publicación.
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