El Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero concedió una suspensión de plano y ordenó a las autoridades realizar acciones urgentes para localizar a las ocho personas desaparecidas desde el 24 de septiembre.
A 24 horas de que el Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello promovió un amparo para exigir la localización de ocho habitantes de El Balcón, un juzgado federal ordenó iniciar de inmediato las acciones de búsqueda, bajo la presunción de que las personas continúan con vida.
La medida fue dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero, dentro del amparo 412/2026, presentado el pasado 5 de octubre, relacionado con la desaparición de ocho personas en el paraje La Lajita, perteneciente al ejido El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.
La resolución establece que las autoridades deberán comenzar la búsqueda en La Lajita y ampliar las labores hacia otros puntos conforme surjan nuevos indicios que permitan establecer el paradero de las víctimas.
Como parte de las diligencias, también deberán revisarse instalaciones policiales y militares, centros de detención, hospitales y cualquier otro sitio donde pudieran encontrarse las personas buscadas.
El mandato judicial contempla además la revisión de registros, bitácoras y videograbaciones que puedan aportar información sobre los movimientos o el posible paradero de los desaparecidos.
Búsqueda especial para dos menores
Entre las ocho personas se encuentran Jordi, de 12 años, y Everardo, de 17, por lo que el juzgado ordenó aplicar el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, debido a que ambos son menores de edad.
La autoridad judicial también ordenó recabar información relacionada con movimientos de seguridad, registros bancarios y documentación del Servicio Médico Forense.
Los informes correspondientes deberán ser entregados al juzgado en un plazo de tres días.
La resolución advierte que el incumplimiento de las medidas ordenadas podría derivar en multas y posibles consecuencias penales para los funcionarios responsables de ejecutar las acciones de búsqueda.
Las ocho personas permanecen desaparecidas desde el 24 de septiembre, por lo que el mandato judicial establece acciones inmediatas para tratar de determinar su ubicación y esclarecer qué ocurrió con ellas.
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