El Gobierno de Morelos aseguró que mantiene abiertas las mesas de diálogo con el Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo y que las prestaciones de la base laboral no están condicionadas a su participación en manifestaciones, en medio de las inconformidades que han derivado en el cierre de accesos a Palacio de Gobierno.
El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, afirmó que, por instrucción de la gobernadora Margarita González Saravia, las demandas sindicales se atienden con apego a la ley y sin comprometer la prestación de los servicios públicos.
El funcionario señaló que el cierre de accesos registrado el 13 de octubre afectó el ingreso de personas y la realización de trámites. Añadió que este miércoles 14 de octubre continuaban las interrupciones de actividades en algunas áreas gubernamentales.
Salazar Acosta sostuvo que las diferencias entre la administración estatal y la dirigencia sindical deben resolverse mediante el diálogo, sin perjudicar a la ciudadanía ni limitar sus libertades.
Como parte de la atención a la organización gremial, el secretario informó que durante el año se han entregado cerca de siete millones de pesos al sindicato, recursos sujetos a comprobación del gasto.
Sobre los señalamientos de un supuesto congelamiento de plazas, explicó que los plazos para contrataciones, altas y movimientos de personal responden al cierre del ejercicio fiscal y se aplican de manera general.
Precisó que estos procedimientos dependen de las autorizaciones correspondientes y de la disponibilidad presupuestal, por lo que, según indicó, no se trata de una medida dirigida exclusivamente al personal sindicalizado.
Salazar Acosta también anunció que el Ejecutivo estatal dispersará directamente y por única ocasión el bono navideño para las y los integrantes del sindicato. El monto será de poco más de mil 800 pesos por trabajador, de acuerdo con lo informado por el funcionario.
Aseguró que ninguna prestación laboral está condicionada a la asistencia a marchas, manifestaciones o eventos, y sostuvo que las diferencias con la dirigencia no deben afectar los derechos de las personas trabajadoras.
El secretario indicó que las afectaciones a la atención ciudadana derivan de acciones que han limitado el acceso y la operación regular de algunas áreas, y no de una falta de disposición del Gobierno estatal para atender los planteamientos laborales.
El funcionario informó que las instancias competentes documentan los hechos relacionados con el cierre de accesos para determinar lo procedente conforme a derecho.
Al mismo tiempo, reiteró que la administración estatal mantiene la disposición de continuar las mesas de trabajo con la representación sindical, con el objetivo de atender las demandas laborales y preservar la continuidad de los servicios públicos.
“Nos mantenemos en el diálogo, pero un diálogo consciente, un diálogo responsable”, expresó.
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