La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 4 mil 193 servidores públicos han sido sancionados durante los dos primeros años de la administración federal.
Más de 4 mil servidores públicos han sido sancionados durante los primeros dos años de la actual administración federal, informó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.
Durante la presentación del balance de la dependencia, la funcionaria detalló que 4 mil 193 servidores públicos han recibido sanciones administrativas: 3 mil 528 por faltas no graves y 665 por faltas graves.
Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran el otorgamiento o autorización de pagos indebidos, la sustracción de información bajo resguardo, pagos por bienes o servicios que no fueron entregados, compras innecesarias o injustificadas, ocultamiento de bienes e incrementos patrimoniales, falsificación de documentos y casos de hostigamiento y acoso sexual.
En los casos considerados graves, mil 737 expedientes fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De ellos, 87 ya habían sido notificados de una sanción y mil 650 permanecían en proceso, de acuerdo con el reporte presentado por Buenrostro.
También reportan 517 denuncias ante la FGR
La secretaria informó que durante el mismo periodo se presentaron 517 denuncias contra servidores públicos ante la Fiscalía General de la República (FGR), de las cuales 53 derivaron en vinculaciones a proceso.
Entre los delitos identificados en estos casos se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
La dependencia también reportó sanciones contra 286 personas morales. De este grupo, 222 fueron inhabilitadas con multa y 64 recibieron únicamente una multa, por un monto conjunto de 147.3 millones de pesos.
Secretaría reporta ahorros preventivos por 83.8 mil mdp
Además de las sanciones, Buenrostro destacó las acciones preventivas realizadas en compras públicas, contratos de obra y estructuras administrativas.
Según el balance de la Secretaría, estas medidas permitieron proteger o evitar gastos por 83.8 mil millones de pesos durante los dos primeros años de la administración. La funcionaria explicó que se trata de ahorros preventivos derivados de la revisión de procesos antes de que se concreten posibles sobrecostos o irregularidades.
Del monto reportado, 29 mil millones de pesos corresponden a mejoras en procesos de compras públicas; 42.2 mil millones, al seguimiento de contratos de obra; 7.8 mil millones, a medidas de eficiencia organizacional, y 4.8 mil millones, a sanciones.
Buenrostro señaló que la estrategia de la dependencia tiene un componente preventivo para detectar y corregir irregularidades antes de que representen un impacto para los recursos públicos.
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