La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó un aumento de las revisiones al ejercicio público, además de 100% de cumplimiento en declaraciones patrimoniales del sector central.
El Gobierno de Morelos incrementó la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos durante 2026, al realizar 211 auditorías, frente a las 136 efectuadas en 2025, informó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandra Pani Barragán.
Durante un encuentro con medios de comunicación, la funcionaria detalló que 64 auditorías corresponden al ámbito federal y 147 al estatal. Del primer grupo, 59 están a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y cinco se realizan de manera conjunta con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno federal.
En el ámbito estatal, las revisiones incluyen 31 al sector central y 116 al paraestatal.
Buscan prevenir irregularidades antes de que ocurran
Pani Barragán señaló que la estrategia de la administración de la gobernadora Margarita González Saravia no se limita a sancionar irregularidades, sino que busca reducirlas mediante acciones preventivas.
Como parte de ese trabajo, 7 mil 927 personas servidoras públicas han recibido capacitación en temas de buen gobierno.
También destacó el avance en las declaraciones patrimoniales. En 2026, el sector central alcanzó 100% de cumplimiento, frente al 99% registrado en 2025, mientras que el sector paraestatal llegó a 96.8%, desde 94.8% del año anterior.
La funcionaria explicó que reducir las omisiones en este trámite permite disminuir los expedientes derivados de incumplimientos y concentrar recursos institucionales en otras investigaciones.
Más de 8 mil investigaciones abiertas
La Secretaría reporta actualmente 8 mil 354 investigaciones iniciadas. De ellas, 7 mil 768 están relacionadas con declaraciones patrimoniales correspondientes a 2024 y años anteriores, mientras que 586 corresponden a otros asuntos de los sectores central y paraestatal.
Además, se han presentado cinco denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Cuando las investigaciones acreditan responsabilidades, también se aplican sanciones. Durante 2025 y lo que va de 2026 se han sustanciado 240 expedientes, de los cuales 203 corresponden a faltas no graves y 37 a faltas graves que fueron remitidas al Tribunal de Justicia Administrativa.
Entre las sanciones por faltas no graves se encuentran 154 amonestaciones, 39 inhabilitaciones, nueve suspensiones y una destitución.
Las principales causas están relacionadas con incumplimiento de funciones, adjudicaciones indebidas, trámites ilegales, uso irregular de recursos públicos, fallas en procesos de entrega-recepción y omisiones en declaraciones patrimoniales, así como alteración o falsificación de documentos oficiales.
Auditorías buscan medir cómo se gasta
La dependencia también plantea modificar el enfoque de las revisiones para avanzar hacia auditorías de desempeño y eficiencia, con las que, además de verificar el cumplimiento administrativo, se pueda determinar si los recursos públicos están siendo utilizados de manera adecuada y detectar áreas donde el gasto pueda mejorar.
Ese enfoque fue abordado durante la Conferencia Anual de la Asociación Nacional de Auditores, Contralores y Tesoreros Estatales de Estados Unidos (NASACT), donde también se analizaron temas como inteligencia artificial aplicada a la gestión pública, prevención del fraude, ética y fortalecimiento de controles.
En materia de transparencia, la Secretaría atiende a 119 sujetos obligados, entre ellos 16 secretarías, 43 organismos paraestatales sectorizados, dos no sectorizados, 36 ayuntamientos, 11 DIF municipales y 11 organismos de agua potable.
La dependencia también mantiene coordinación con las 10 autoridades garantes estatales.
La participación ciudadana, agregó Pani Barragán, forma parte de este esquema de vigilancia mediante el Buzón Ciudadano, mecanismo para presentar denuncias de manera gratuita, segura y confidencial.
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