A casi 12 años de la desaparición de los normalistas, las familias cuestionan la falta de resultados y reclaman acceso a información del Ejército que consideran clave para esclarecer lo ocurrido en Iguala.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las familias vuelven a presionar al Gobierno federal para abrir dos frentes que consideran fundamentales para la investigación: el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y la entrega de información militar que, aseguran, permanece pendiente.
El reclamo se planteó nuevamente durante la reunión que los padres y madres sostuvieron el 27 de agosto con la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento en que se acerca otro aniversario de la desaparición ocurrida en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Para las familias, el paso de los años no ha cambiado la pregunta central: qué ocurrió con sus hijos y dónde están.
Quieren nuevamente al GIEI en la investigación
Los padres consideran que la reincorporación del GIEI permitiría contar con una instancia independiente para revisar las líneas de investigación, evaluar los avances oficiales y aportar una mirada técnica externa al caso.
El grupo de expertos participó durante varios años en las indagatorias y sus investigaciones cuestionaron distintas conclusiones oficiales sobre la desaparición de los estudiantes.
Ahora, los familiares sostienen que su regreso ayudaría a revisar lo ocurrido con las investigaciones y a determinar qué elementos permanecen pendientes.
También cuestionaron que el esclarecimiento del caso se apoye principalmente en herramientas tecnológicas y análisis realizados por instituciones oficiales, pues consideran que, pese a los avances anunciados por las autoridades, el paradero de los 43 continúa sin ser esclarecido.
Los archivos militares, otra disputa
El segundo reclamo apunta directamente a la información generada por las Fuerzas Armadas.
Los familiares exigen la entrega de más de 800 folios y registros militares que, según han señalado, fueron generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia durante septiembre de 2014.
A juicio de los padres, esos documentos pueden ayudar a reconstruir lo ocurrido durante las horas posteriores a la desaparición de los estudiantes y aportar elementos a las investigaciones que permanecen abiertas.
Por ello, demandan que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue la documentación que continúe bajo su resguardo.
Las familias han cuestionado además la actuación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia y han acusado al Gobierno federal de mantener una postura de protección hacia las Fuerzas Armadas. Se trata de un señalamiento de los familiares, no de una conclusión judicial.
Detenciones no bastan para las familias
Los padres reconocieron las acciones jurídicas emprendidas contra algunos exfuncionarios relacionados con el caso, pero insistieron en que los procesos penales no pueden sustituir la búsqueda de los estudiantes.
También pidieron a la Fiscalía General de la República fortalecer con pruebas los procedimientos judiciales en curso y avanzar en las órdenes de aprehensión que continúan pendientes contra militares señalados por su posible participación en los hechos.
Para las familias, cualquier avance judicial debe ir acompañado de resultados en la investigación principal.
Porque detener o procesar a funcionarios y presuntos responsables puede establecer responsabilidades individuales, pero no responde por sí mismo a la pregunta sobre el destino de los 43 normalistas.
Doce años después, la pregunta sigue abierta
La desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos se convirtió en uno de los casos de derechos humanos más relevantes de México y, casi 12 años después, continúa siendo una prueba para las instituciones encargadas de esclarecer los hechos.
Los padres y madres advirtieron que mantendrán sus movilizaciones y exigencias de verdad, justicia y transparencia mientras no existan respuestas que consideren suficientes.
El calendario marca nuevamente septiembre y con él regresa una pregunta que las familias llevan casi 12 años haciendo al Estado mexicano:
¿Qué ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa y dónde están?
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