Después de casi cuatro décadas, México se prepara para renovar su principal marco legal en materia ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció la elaboración de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, que sustituirá a la legislación vigente desde 1988.
La propuesta busca actualizar las herramientas con las que el país enfrenta problemas que han adquirido mayor relevancia en las últimas décadas, entre ellos el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los océanos y la necesidad de fortalecer la justicia ambiental.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, explicó que la nueva legislación pretende incorporar los avances científicos y tecnológicos disponibles, además de considerar los conocimientos de las comunidades y los saberes ancestrales.
“Estamos actualizando una ley de 1988; han pasado 40 años”, señaló Bárcena al presentar los principales elementos de la propuesta.
La funcionaria sostuvo que el nuevo marco jurídico tendrá una visión más cercana a las comunidades y buscará proporcionar herramientas para responder a los retos ambientales actuales.
Una ley enfocada en prevenir y restaurar
Uno de los cambios planteados es modificar la lógica de actuación frente a los daños ambientales. La propuesta busca priorizar la prevención antes que la reparación, además de incorporar de manera expresa la restauración ecológica como una herramienta para recuperar ecosistemas afectados.
La iniciativa también pretende fortalecer la planeación ambiental de grandes proyectos para evitar que sus impactos sean evaluados de manera fragmentada.
De acuerdo con Bárcena, se plantea que quienes pretendan desarrollar proyectos de gran magnitud realicen una evaluación estratégica ambiental previa, con el objetivo de analizar sus posibles efectos de manera integral.
La intención, explicó, es que la protección ambiental se considere desde la planeación y no únicamente cuando el daño ya se haya producido.
Los 10 principios de la nueva legislación
La propuesta presentada por Semarnat se sustenta en 10 principios que buscan redefinir la relación entre desarrollo, territorio y protección ambiental.
1. El patrimonio natural como fundamento de la vida.
La naturaleza será considerada una infraestructura esencial para el bienestar, la prosperidad y la actividad económica del país.
2. Justicia social y justicia ambiental.
La propuesta parte de que ambos conceptos están relacionados y que no puede existir bienestar social sin protección del entorno.
3. Prevenir antes que reparar.
El objetivo será anticiparse a los daños ambientales mediante mejores mecanismos de planeación y evaluación.
4. Conservar y restaurar para construir futuro.
La restauración ecológica tendrá un papel central, a diferencia de la legislación original de 1988.
5. Conocimiento para sustentar las decisiones ambientales.
La ciencia, la innovación, la tecnología y los conocimientos tradicionales serán incorporados a la toma de decisiones.
6. Gestionar el territorio con la gente y con visión de largo plazo.
El ordenamiento territorial deberá considerar a las comunidades y elementos como los ríos y el desarrollo inmobiliario.
7. Impulsar una cultura ambiental.
La participación ciudadana será considerada parte fundamental de la aplicación de la legislación.
8. Transitar hacia una economía circular.
La propuesta busca dejar atrás un modelo basado en desechar productos y materiales para avanzar hacia su aprovechamiento y reutilización.
9. Proteger a quienes defienden la naturaleza.
La iniciativa contempla un capítulo específico para quienes trabajan en la defensa de los recursos naturales y los bienes públicos.
10. Proteger el patrimonio biocultural.
La conservación de la biodiversidad y de los conocimientos asociados a ella será planteada como una responsabilidad compartida.
Economía circular y nuevos retos ambientales
La economía circular es otro de los conceptos que adquieren mayor peso en la propuesta. El objetivo es reducir el modelo de producción y consumo basado en extraer, utilizar y desechar, para impulsar un mayor aprovechamiento de los materiales.
La nueva legislación también pretende incorporar los avances científicos y tecnológicos desarrollados en los últimos años, particularmente aquellos relacionados con la gestión de residuos, el aprovechamiento de recursos y la protección de los ecosistemas.
Para Bárcena, la actualización resulta necesaria porque las condiciones ambientales del país han cambiado considerablemente desde que fue promulgada la legislación actual.
Acceso a la información y justicia ambiental
Otro de los componentes anunciados es el fortalecimiento de los mecanismos para garantizar el acceso a la información ambiental y facilitar el acceso a la justicia.
La propuesta también plantea una relación diferente entre autoridades, comunidades y quienes desarrollan actividades económicas.
El enfoque, según la titular de Semarnat, no pretende centrarse únicamente en las sanciones, sino en generar herramientas que permitan prevenir impactos y orientar a los responsables de proyectos para cumplir con las obligaciones ambientales.
“Más que sanciones, más que ser punitivos, lo que queremos en esta ley es ser propositivos”, afirmó.
Una legislación para un escenario ambiental distinto
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental fue promulgada en 1988, cuando México enfrentaba un escenario ambiental distinto al actual.
Desde entonces, problemas como el calentamiento global, la pérdida acelerada de biodiversidad, la contaminación de los mares y la presión sobre los recursos naturales han adquirido una dimensión mayor.
La nueva propuesta busca responder a ese escenario con una legislación que combine prevención, ciencia, participación ciudadana, restauración y justicia ambiental.
El reto estará ahora en convertir estos principios en mecanismos concretos capaces de modificar la forma en que se planean los proyectos, se utilizan los recursos naturales y se atienden los daños ambientales en México.
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