Un tribunal federal ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría de las Mujeres actualizar el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, luego de que la armonización ordenada por una reforma de 2022 permaneciera pendiente durante cuatro años.
La reforma establecía que el Reglamento debía adecuarse en un plazo máximo de 60 días; sin embargo, continúa vigente la versión publicada en 2013, situación que, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), ha limitado la operación de las 26 Alertas de Violencia de Género activas en el país.
La organización señaló que la falta de un marco normativo actualizado también ha afectado el funcionamiento de los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM), responsables de evaluar y dar seguimiento a las medidas implementadas en cada entidad.
En entrevista con Cimacnoticias, la directora del OCNF, María de la Luz Estrada Mendoza, aseguró que durante 2025 los grupos de trabajo de Campeche, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo y Puebla no realizaron ninguna sesión, mientras que en otros estados los procedimientos avanzan con retrasos o permanecen estancados.
Añadió que en Nuevo León continúa pendiente un informe relacionado con desapariciones; en Puebla, el procedimiento de la Alerta por desaparición permanece prácticamente detenido, y en Veracruz aún no existe una resolución sobre el cumplimiento de las medidas, pese a la entrega de informes oficiales.
«Llevamos cuatro años sin reglamento», señaló Estrada Mendoza al insistir en que la actualización es indispensable para garantizar el funcionamiento del mecanismo.
Tras la resolución judicial, el Observatorio consideró que el fallo representa una oportunidad para destrabar una reforma pendiente desde 2022 y fortalecer la coordinación institucional en la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.
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