Los funcionarios del Gobierno de Guerrero Germán Herrera, delegado de Gobernación en la Costa Chica, y Rafael Julián Arcos, director de la Secretaría General de Gobierno, cumplieron este viernes cinco días retenidos en la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán.
De acuerdo con fuentes del gobierno estatal, la familia de Julián Arcos presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la presunta privación de la libertad del servidor público, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa.
La retención ocurrió después de un bloqueo sobre la carretera Acapulco–Pinotepa Nacional, a la altura de Marquelia. Ambos funcionarios fueron trasladados junto con los manifestantes a la comunidad de Buenavista para continuar una mesa de diálogo.
Posteriormente, circularon videos en los que los servidores públicos afirman encontrarse en buen estado y aseguran que no han sido agredidos. Sin embargo, hasta el momento no existe una postura oficial que confirme su situación jurídica o las condiciones de su permanencia en la comunidad.
De acuerdo con versiones difundidas por los propios habitantes, la asamblea comunitaria acordó mantener retenidos a los funcionarios hasta que Jesús Plácido Galindo sea declarado inocente.
También solicitaron la presencia del subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, y de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para atender el conflicto.
Las movilizaciones en Buenavista han continuado durante la semana con bloqueos y marchas encabezadas, entre otros, por Enedina Galindo Bautista, madre de Jesús Plácido, quien sostiene que su hijo fue acusado injustamente.
El jueves, un juez vinculó a proceso a Jesús Plácido Galindo por el delito de homicidio calificado, al concluir la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Chilpancingo.
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