Rechazan familias de Ayotzinapa recomendación de la CNDH

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos acusaron que el documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no aporta nuevas líneas de investigación y desestima el trabajo de organismos nacionales e internacionales.

Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa rechazaron la recomendación 208VG/2026 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al considerar que el documento no representa avances en el esclarecimiento del caso y omite elementos relevantes de las investigaciones realizadas durante la última década.

A través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, las familias afirmaron que la recomendación fue elaborada sin haber sido consultadas previamente y criticaron que la CNDH no sostuviera un diálogo con ellas antes de hacer público el documento.

Los familiares señalaron que la recomendación retoma planteamientos ya conocidos y no incorpora nuevas líneas de investigación que permitan conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

También cuestionaron que el contenido desacredite los informes elaborados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), instancias que durante los últimos años documentaron nuevas evidencias y posibles responsabilidades.

Entre sus señalamientos, recordaron que los informes del GIEI establecen que el Ejército mantuvo vigilancia sobre la Normal Rural de Ayotzinapa y dio seguimiento a los movimientos de los estudiantes durante la noche de los hechos, elementos que, sostienen, no pueden quedar fuera de las investigaciones.

Las familias también acusaron que la recomendación minimiza el trabajo realizado por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Centro Prodh y Tlachinollan, además de reducir la responsabilidad atribuida a integrantes del Ejército en distintas líneas de investigación.

Finalmente, reiteraron que mantendrán su exigencia para que las autoridades entreguen la totalidad de la información pendiente sobre el caso, incluidos los 853 folios de documentos militares cuya entrega fue ordenada por un juez federal, al considerar que esos archivos podrían aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos.