Los daños recientes muestran cómo la infraestructura condiciona el impacto de los sismos en ambos países
La tierra puede moverse durante pocos segundos, pero la resistencia de cada edificio determina cuánto durarán sus consecuencias. El reciente sismo en Perú volvió a demostrar que una magnitud intermedia también puede causar muertes, derrumbes y desplazamientos cuando alcanza comunidades con viviendas vulnerables.
El movimiento de magnitud 5,5 ocurrió la noche del 18 de julio de 2026, cerca de Sicaya, en la provincia peruana de Huancayo. El balance preliminar incluyó seis fallecidos, más de 30 heridos y aproximadamente 300 personas desplazadas, además de daños en edificios históricos y viviendas rurales.
La profundidad estimada fue de diez kilómetros, una característica que favoreció una sacudida intensa en localidades próximas al epicentro. Sin embargo, la destrucción estuvo relacionada principalmente con edificaciones de adobe, debilitadas por el tiempo, la humedad y la limitada aplicación de refuerzos estructurales.
Viviendas frágiles amplifican el impacto
El adobe continúa presente en numerosas comunidades andinas porque resulta accesible, conserva la temperatura y forma parte de métodos constructivos tradicionales. Su comportamiento puede ser peligroso durante un terremoto cuando los muros carecen de refuerzos, mantenimiento adecuado o conexiones resistentes con techos y cimientos.
Varias construcciones colapsaron en Chongos Bajo y obligaron a numerosas familias a permanecer al aire libre mientras continuaban las réplicas. También resultaron afectados la iglesia y el convento Santiago de León, levantados durante el siglo XVI, además de otros bienes considerados parte del patrimonio local.
La magnitud representa solamente una parte del riesgo sísmico, como mostraron los daños registrados en las zonas afectadas. También influyen la profundidad, la distancia al epicentro, la calidad de los materiales, las condiciones del suelo y la capacidad disponible para responder rápidamente.
Esa combinación permite comprender por qué un movimiento menor puede dejar víctimas, mientras terremotos superiores ocasionan consecuencias diferentes entre ciudades. Las normas antisísmicas reducen riesgos cuando son aplicadas, supervisadas y acompañadas por programas destinados a reforzar construcciones antiguas o informales.
Venezuela mantiene una emergencia de mayor escala
La comparación con Venezuela surge por la proximidad temporal, aunque ambos desastres tuvieron magnitudes, extensiones y balances considerablemente distintos. Los terremotos venezolanos de junio alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, afectando zonas costeras densamente pobladas y provocando una emergencia nacional prolongada.
Reportes internacionales indican más de 5.000 fallecidos, decenas de miles de edificios afectados y pérdidas económicas calculadas en miles de millones de dólares. La respuesta también enfrentó dificultades vinculadas con equipamiento insuficiente, demoras operativas y problemas de coordinación entre autoridades y equipos desplegados.
Venezuela posee normas de seguridad sísmica desde 1967, posteriormente actualizadas, pero conserva numerosos edificios antiguos ubicados sobre suelos sedimentarios. Además, una parte considerable de la población reside cerca de fallas activas, condición que eleva la exposición ante movimientos intensos.
Perú también se encuentra en una región de alta actividad sísmica y conserva antecedentes de terremotos devastadores, incluido el ocurrido en Pisco durante 2007. Aquella emergencia dejó 595 fallecidos, más de 2.290 heridos y graves daños en varias ciudades de la costa central peruana.
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