Bloqueos carreteros, desabastecimiento y pérdidas millonarias sustentan la causa abierta contra Morales
Una nueva orden de arresto coloca al expresidente Evo Morales ante la posibilidad de ser detenido y presentado ante las autoridades judiciales bolivianas. La investigación relaciona al exmandatario con las protestas y bloqueos que paralizaron carreteras durante 53 días y exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La Fiscalía General del Estado confirmó la medida el 29 de julio de 2026, después de una denuncia presentada en Santa Cruz. Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, cuando renunció durante una crisis política y posteriormente salió del país rumbo a México.
Esta orden atribuye al expresidente seis posibles delitos, incluidos terrorismo, alzamiento armado contra el Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir. También contempla presuntos atentados contra los medios de transporte, los servicios públicos y la seguridad estatal durante las movilizaciones.
Sectores campesinos, sindicatos obreros y organizaciones cercanas a Morales instalaron más de cien bloqueos entre mayo y junio en diferentes regiones bolivianas. Las protestas dejaron 22 fallecidos, afectaron el abastecimiento de alimentos y combustibles, e interrumpieron el transporte de mercancías durante casi dos meses.
Qué consecuencias puede enfrentar Evo Morales
Una ejecución de la orden permitiría a la Policía detener a Morales y trasladarlo ante la unidad especializada indicada por la Fiscalía. Después deberá comparecer ante las autoridades competentes, mientras un juez determina la legalidad de la aprehensión y resuelve cualquier solicitud de medidas cautelares.
La detención preventiva no surge automáticamente de una orden de aprehensión, porque requiere una decisión judicial basada en las circunstancias del proceso. La legislación boliviana establece que las medidas cautelares deben aplicarse excepcionalmente y garantiza asistencia jurídica desde el primer acto procesal.
Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, donde seguidores mantienen vigilancia desde que comenzó la primera causa penal pendiente. Esta situación puede dificultar el cumplimiento de la orden y aumentar el riesgo de enfrentamientos durante cualquier operativo policial en la región.
El expresidente rechazó las acusaciones y sostuvo que pretenden responsabilizarlo por las movilizaciones vinculadas con la crisis económica boliviana. «No nos van a intimidar», escribió Morales en su cuenta de X al responder públicamente a la nueva medida judicial.
Otra orden de captura permanece pendiente
Morales enfrenta desde octubre de 2024 otra orden de detención relacionada con una investigación por presunta trata agravada y abuso de una menor. Un tribunal lo declaró en rebeldía después de que no asistiera a la apertura del juicio, mientras él negó reiteradamente las acusaciones.
Los antecedentes públicos consultados describen su exilio tras la renuncia de 2019, además de procesos judiciales y órdenes de captura posteriores. Sin embargo, no documentan que Morales haya cumplido anteriormente una condena carcelaria ni permanecido detenido por alguna de esas causas.
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