Habitantes de una comunidad de Alfajayucan aprobaron restricciones nocturnas ante preocupaciones de seguridad, pero el gobernador Julio Menchaca aseguró que la medida vulnera derechos y no será permitida.
Por Verónica Jiménez
Una decisión tomada por autoridades comunitarias de Santa María Xigui, en el municipio de Alfajayucan, desató polémica luego de que se anunciara la imposición de un toque de queda y multas de hasta 20 mil pesos para quienes permanezcan en la vía pública después de las 23:00 horas.
La medida fue dada a conocer mediante un oficio firmado por representantes de la comunidad, quienes argumentaron que la disposición busca prevenir hechos de violencia y actividades consideradas sospechosas que, aseguran, ponen en riesgo la tranquilidad de las familias.
De acuerdo con el documento, la restricción aplica principalmente en la zona centro de la localidad y contempla sanciones económicas para quienes incumplan la determinación aprobada por las autoridades locales.
Sin embargo, la decisión generó inconformidad entre algunos habitantes y provocó la reacción del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, quien afirmó que este tipo de medidas no tienen sustento legal y vulneran derechos fundamentales.
Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal señaló que no se trata de «usos y costumbres», sino de prácticas que rebasan las facultades de las autoridades comunitarias.
“Esos son abusos y costumbres, no usos y costumbres, y aquí no lo vamos a tolerar”, declaró Menchaca, al advertir que el gobierno estatal intervendrá para buscar una solución mediante el diálogo y la conciliación.
El gobernador sostuvo que ninguna autoridad local puede restringir derechos humanos como la libre circulación o imponer sanciones fuera del marco legal establecido.
Santa María Xigui se localiza en el municipio de Alfajayucan, en la región del Valle del Mezquital. En semanas recientes, habitantes reportaron preocupación por movimientos y situaciones que consideran podrían alterar el orden público, motivo por el cual impulsaron la medida.
El caso ha abierto un debate sobre los límites de la autonomía comunitaria y la legalidad de imponer restricciones de movilidad bajo argumentos de seguridad pública.
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