La decisión judicial reaviva críticas de familiares y colectivos; el caso fue uno de los más emblemáticos de feminicidio en el estado.
A 12 años del feminicidio de Karla López Albert, uno de los casos más emblemáticos en la discusión sobre violencia de género en Puebla, Manuel Forcelledo Nader, sentenciado a 76 años de prisión por el crimen, obtuvo su libertad tras una revisión de medida cautelar que generó polémica e indignación entre familiares y colectivos.
La resolución se dio el 12 de mayo de 2026, cuando una auxiliar judicial determinó sustituir la prisión preventiva por firma periódica, permitiendo que el sentenciado abandonara el centro penitenciario mientras continúa el proceso judicial relacionado con el caso.
La decisión fue cuestionada debido a que el juez Enrique Romero Razo, quien en 2021 dictó la condena por feminicidio, violación equiparada y aborto, solicitó licencia previa a la audiencia de revisión de medida cautelar, quedando a cargo la abogada Angélica Rodríguez Zamora, quien autorizó el cambio de medida.
De acuerdo con versiones difundidas, la audiencia se llevó a cabo sin sistema de grabación de audio y video, pese a que estos registros son obligatorios en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que abrió señalamientos sobre posibles irregularidades en el procedimiento.
El feminicidio ocurrió entre el 30 y 31 de enero de 2014. La víctima, de 31 años y con cinco meses de embarazo, fue citada por su pareja sentimental en un salón de fiestas infantiles ubicado en Puebla, donde presuntamente fue atacada con ayuda de dos cómplices.
Las investigaciones establecen que la mujer fue sometida y estrangulada con rafia, y posteriormente su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México, donde fue abandonado dentro de su vehículo. El cadáver fue localizado el 7 de febrero de 2014.
El caso tuvo impacto nacional al convertirse en uno de los primeros expedientes relevantes bajo la tipificación de feminicidio en Puebla, en un contexto donde aún no era ampliamente reconocido el término en la entidad.
Tras la liberación, familiares y colectivos feministas expresaron nuevamente su inconformidad, al señalar que la justicia en el caso continúa incompleta, pues otros implicados no han recibido sentencia definitiva.
En redes sociales, la decisión judicial generó críticas y cuestionamientos sobre el sistema de justicia en el estado, así como preocupación por el precedente que deja en casos de violencia de género.
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