Lo que inicialmente fue presentado como un secuestro con exigencias millonarias de rescate podría convertirse en un caso de presunta simulación para ocultar irregularidades financieras en un ayuntamiento mexiquense.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que existen indicios para sostener que la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, habría participado en la planeación de un supuesto autosecuestro con el objetivo de justificar un presunto faltante de aproximadamente 40 millones de pesos en las finanzas municipales.
Según la investigación ministerial, la presunta simulación habría comenzado a organizarse desde febrero y en ella habrían intervenido personas cercanas a la edil, entre ellas su esposo, José Roberto “N”, y su cuñado, Óscar “N”, quienes actualmente cuentan con órdenes de aprehensión y permanecen prófugos.
Cuando el caso salió a la luz, la versión difundida señalaba que la presidenta municipal había sido privada de la libertad y que los responsables exigían precisamente 40 millones de pesos para liberarla. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, los agentes detectaron inconsistencias que llevaron a replantear la hipótesis inicial.
Entre los elementos recabados por la Fiscalía se encuentra la presunta participación de la alcaldesa en la definición de rutas para evitar cámaras de videovigilancia, así como una llamada telefónica en la que habría solicitado a una familiar no informar a las autoridades sobre lo ocurrido.
Las pesquisas derivaron además en la detención de tres personas presuntamente involucradas en los hechos, mientras continúan las indagatorias sobre el posible destino de los recursos faltantes.
De acuerdo con la teoría ministerial, el objetivo habría sido hacer creer que el dinero desaparecido fue utilizado para cubrir el pago de un rescate, cuando el faltante ya existiría previamente en las cuentas municipales.
Ante estos hallazgos, la Fiscalía solicitó una audiencia para formular imputación contra Nancy Nápoles por el delito de simulación de secuestro, mientras mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con el presunto daño al erario.
Si los señalamientos son acreditados ante los tribunales, el caso podría convertirse en uno de los episodios más inusuales registrados en la política municipal mexiquense, al pasar de una denuncia de secuestro que movilizó a las autoridades de seguridad a una investigación que coloca a la propia denunciante en el centro de las acusaciones.
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